90% lealtad, 10% eficiencia: Alcalde asume la Consejería Jurídica

PACHUCA, Hgo. 28 de abril del 2026.-  La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) cambiará de titular el 1 de mayo. La titular del Ejecutivo federal confirmó que Luisa María Alcalde Luján sustituirá a Esthela Damián Peralta, quien dejará el cargo para buscar una candidatura en Guerrero en 2027. El relevo cierra una etapa breve —Damián asumió el 17 de diciembre de 2025— y abre otra marcada por el peso político de la nueva consejera.

La CJEF no es un área de discurso, sino de técnica jurídica. Creada el 15 de mayo de 1996, forma parte del gabinete legal y tiene como propósito la revisión y validación de los instrumentos jurídicos sometidos a la Presidencia: decretos, acuerdos, iniciativas de ley y reformas constitucionales. Entre sus funciones centrales, previstas en los artículos 43 y 43-Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, está apoyar jurídicamente a la persona titular de la Presidencia, opinar sobre proyectos enviados al Congreso y representar al Ejecutivo en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
En la práctica, es el último filtro antes de que una decisión presidencial se convierta en norma o en litigio.

De su dictamen depende si una reforma resiste el test de la Suprema Corte o si un decreto sobrevive a un amparo.

La Consejería ha oscilado entre abogados de carrera y operadores cercanos al presidente. Tres nombres ilustran esa lista: Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, consejero jurídico de 2003 a 2005 y después procurador general de la República de 2005 a 2006; Humberto Castillejos Cervantes, quien ocupó la Consejería durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y cuya gestión es recordada por el uso intensivo de los mecanismos de control constitucional, incluidas impugnaciones contra resoluciones del INAI; y Julio Scherer Ibarra, abogado e hijo del fundador de la revista Proceso, consejero de diciembre de 2018 a septiembre de 2021, periodo en el que la CJEF defendió las reformas estructurales de la primera etapa de la Cuarta Transformación.

Luisa María Alcalde llega con una trayectoria eminentemente política. Fue secretaria del Trabajo y Previsión Social (2018-2023), secretaria de Gobernación en el tramo final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y presidenta nacional de Morena hasta esta semana. Sheinbaum la invitó a la Consejería tras aceptar la renuncia de Damián, efectiva el 30 de abril.

La diferencia con sus antecesoras inmediatas es el énfasis. Godoy y Damián provenían del litigio y la fiscalía; Alcalde proviene de la operación política y la administración de gabinete. Varios juristas dentro del gobierno han expresado reserva por esa razón: la CJEF exige anticipar inconstitucionalidades, cuidar la calidad normativa y sostener litigios ante la Corte, tareas que requieren dictamen más que lealtad.

En este contexto reaparece la crítica de Scherer en su libro Ni venganza ni perdón. El exconsejero resume la lógica de integración del gabinete de López Obrador con una fórmula sencilla: 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de eficiencia para describir a los funcionarios del sexenio anterior.

Más allá de la anécdota, la cita apunta al dilema institucional que hoy enfrenta la CJEF: si el criterio de designación privilegia la cercanía política sobre la capacidad técnica, el riesgo jurídico se traslada a la Presidencia.

La presidenta de la República impulsa una agenda de reformas que pasará inevitablemente por la Consejería: ajustes al Poder Judicial, modificaciones en materia energética y nuevos marcos regulatorios en seguridad. Cada iniciativa requerirá un dictamen de constitucionalidad sólido y una defensa contenciosa previsible.

La pregunta jurídica que deja el nombramiento es directa: ¿la Consejería funcionará como filtro técnico del poder presidencial o como extensión de la disciplina partidista? La respuesta no estará en el currículum de alcalde, sino en los primeros proyectos que valide. Y en cómo defienda ante la Suprema Corte las reformas que vienen.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.