(W) Ecos Sindicales: Operación Panal
MÉXICO, DF, 13 de enero de 2016.- A finales de julio de 2015, en una de sus primeras incursiones como aspirante a la candidatura republicana por la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump planteó deportar a 11 millones de personas que se calcula viven en Estados Unidos sin autorización para posteriormente según él, permitir el regreso de la gente «realmente buena».
Es un plan no muy brillante que el magnate ofreció con pocos detalles y que además es prácticamente imposible de llevar a cabo por la conflictiva realidad del sistema migratorio del país del norte. Tal esfuerzo sería más difícil de lo que Trump cree porque deportar a tanta gente significa que primero hay que encontrarla.
El gobierno desconoce la identidad de muchas de las millones de personas que han entrado a Estados Unidos sin autorización o permanecido en él después de que expiraran sus visas emitidas legalmente, por lo que ubicar a los inmigrantes que carecen de estatus legal ha sido un obstáculo para las autoridades durante décadas.
Al respecto en ese entonces se pronunció un conocido abogado de Arizona que es coautor de un libro de políticas migratorias junto con Jeb Bush, ex gobernador de Florida y también precandidato republicano. Su nombre es Clint Bolick, y de manera clara y contundente, sentenció su opinión legal: «Deportarlos a todos es impráctico y una gran mayoría de estadounidenses se opone a ello».
Las cortes de inmigración en el país enfrentan un retraso de años con más de 451.000 casos de deportación pendientes. Para los inmigrantes que optan por enfrentarse al gobierno en su intento por sacarlos del país, el proceso puede tomar varios años, por lo que Bolick describió las ideas de Trump como una «retórica nativista» que no deja de ser racista y discriminatoria.
Precisamente hace unos días, el gobernador Doug Ducey anunció el nombramiento del abogado de Phoenix Clint Bolick, como una suerte de “propuesta independiente”, a la Corte Suprema de Arizona. Bolick se especializa en Derecho constitucional de Estados Unidos y Arizona, y también se ocupa de casos relacionados con la Ley estatal y federal reguladora, negocios y regulación de la propiedad, la salud, la educación, las pensiones públicas, Derecho de familia y la Ley electoral. También se ha desempeñado como vicepresidente de litigios en el prestigiado Instituto Goldwater desde 2007. Anteriormente, trabajó como presidente y consejero general de la Alianza para la Opción de Escuela y como vicepresidente y director de litigios del Instituto para la Justicia, también trabajó como abogado de la Fundación Landmark Legal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos y la Mountain States Legal Foundation.
Es una destacada y poco común carrera legal la de Bolick, quien se ha dedicado a promover la libertad económica, la ampliación de las opciones educativas, la libertad de palabra y de expresión, y el cumplimiento de lo que se concibe como el sueño americano para los individuos y las pequeñas empresas.
Líderes y activistas migrantes mexicanos vemos con muy buenos ojos esta propuesta que poco a poco ha ido marcando una distancia considerable y sana en la postura progresista del gobernador Ducey, respecto de su nociva predecesora Jan Brewer, pero más aún, su llegada a la Corte Suprema arizonense, implicaría un parteaguas que rompería la tendencia discriminatoria y racista hacia los hispanos y especialmente los migrantes. Las esperanzas son muchas, ojalá se concrete su llegada al máximo tribunal estatal.