Ráfagas: Tatiana Ángeles, cuentas pendientes
La ciudadanía y las autoridades tienen que lidiar cotidianamente con ambos temas, que laceran la vida de los hidalguenses, pues por un lado no salimos del semáforo rojo, lo que alienta a las autoridades a tomar medidas más drásticas para obligar a la gente a reducir la movilidad y así frenar el creciente número de contagios, a grado tal que se habla ya de multar a quien no use cubre bocas, un tema que chocaría con la violación a los derechos humanos de quien no respete esta indicación.
Por el otro, la falta de recursos económicos, la pérdida de empleo y de ingresos para sostener a la familia, puede ser un motivo para delinquir, como medida desesperada por la carencia dinero para cubrir las necesidades más elementales del núcleo familiar.
En el primer caso, el del Covid-19, autoridades de municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma y Tulancingo, han armado brigadas encargadas de recorrer comercios para obligar a sus propietarios a volver a cerrar, luego que en días pasados se les había notificado de la entrada a semáforo naranja, lo que permitiría reabrir negocios de actividades no esenciales, aunque manteniendo las medidas originales para evitar contagios.
El fin de semana pasado, se vio mayor movimiento en los centros comerciales, tianguis y hasta en los templos religiosos.
Pero, el aumento de contagios y la no aplicación de medidas sanitarias como uso de cubre bocas, sana distancia y uso de gel antibacterial, así como el incremento en el fluido vehicular, nos regresaron de inmediato a semáforo rojo.
Ahora, las medidas restrictivas, se aplican desde el 27 de julio al 2 de agosto, en espera de que la gente reduzca sus actividades y eso permita el contagio, aunque eso al mismo tiempo provoque desesperación en la gente.
Ya los comerciantes, por ejemplo, en Mineral de la Reforma tomaron la presidencia municipal para exigir a la autoridad se les permita instalar su tianguis en El Saucillo, Los restaurantes en Pachuca, abrieron con las medidas sanitarias recomendadas, a pesar de la advertencia de cierre y multas.
Por lo que toca a la reducción de los índices delictivos, el gobierno del estado dio cifras que colocan a la entidad entre los estados con menor número de delitos. Por ejemplo, dice que de enero a junio del 2019 se registraron 27 mil 300 delitos diversos y en ese mismo período de este año la cifra fue de 20 mil 641, es decir, 6 mil 659 menos, un 24 % menos.
Eso sí, los delitos como violencia intrafamiliar, lesiones dolosas, robo a casa habitación, a transeúnte, daño en propiedad, amenazas, robo a negocios, robo en casas, robo de autos, entre otros, representan el 63 por ciento del total de delitos que se cometen en la entidad.
En el rubro de muertes por “rivalidad delincuencial”, lo que aquí se interpretaría como ajustes entre bandas del crimen organizado, ese que la misma autoridad no quiere reconocer, en el 2019 registro 221 y este año bajó a 156, de enero al 20 de julio.
En suma, el gobierno indica que en términos de delincuencia y en tiempos de Covid-19, la estrategia de seguridad da resultados con la reducción de la incidencia delictiva. Aunque la percepción ciudadana es otra.