Balcón político: Órganos de Fiscalización autónomos… sin autonomía

Legisladores locales de Morena, pusieron en duda la autonomía con que operan los titulares de los Órganos de Control Internos de los 84 municipios de la entidad, desde el momento mismo en que los encargados de vigilar que las cosas se hagan bien en los gobiernos locales, son nombrados por el presidente municipal.

Por eso, propusieron reformas legales que eviten que sea el alcalde en turno quien nombre al encargado de vigilar su actuación como autoridad municipal y evite posibles actos de corrupción en perjuicio de la ciudadanía.

El marco jurídico actual, resulta “endeble”, dijeron en su exposición de motivos durante la sesión de hoy en el Poder Legislativo, por eso propusieron que los Órganos de Control Interno cuenten con verdadera autonomía, que les permita ser imparciales en el ejercicio de sus funciones, garantizando el pago de remuneraciones y el gasto corriente.

Estas figuras fueron creadas desde la legislatura anterior e incluyeron a instituciones como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el Instituto Estatal Electoral, entre otros. Por cierto la única institución que se negó a aceptar dicha figura fue precisamente la UAEH, cuyas autoridades hoy navegan entre las dudas sobre su pulcra actuación, toda vez que les fueron congeladas diversas cuentas bancarias y el presidente del Patronato de esa institución, se encuentra tras las rejas.

Los diputados morenistas sostuvieron que legislar en la matera evitará la corrupción y señalaron que el combate a este flagelo no da los resultados esperados en el ámbito municipal y los Órganos de Control Interno “son débiles” para combatir la corrupción.

Presentaron datos del INEGI en materia de corrupción, y acotaron que el 56.7 por ciento de la población mayor de 18 años considera que la corrupción es uno de los problemas más importantes que enfrenta la entidad donde reside, además de precisar que el 91.1 % de la población en nuestro país la corrupción es un acto que se comete con frecuencia.

En Hidalgo, de acuerdo con el INEGI, el 49.2 % de la población asegura que la corrupción es el tercer problema  más importante por atender y la Encuesta  Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, afirma que el87 % de la población ha percibido actos de corrupción de manera muy frecuente o frecuente y es una práctica muy común en los servidores públicos.

Por cada 10 mil habitantes, 9 mil 883 personas experimentaron un acto de corrupción  al momento de realizar un trámite.

Precisamente, para frenar la opacidad en la administración pública y especialmente en la municipal, se busca reformar la Ley Orgánica Municipal y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, para que no sea el presidente municipal quien nombre a la persona que va a vigilar su actuación como funcionario público.