¿Chivo expiatorio?: versión del acusado en crimen de Gerardo Sosa Cravioto

PACHUCA, Hgo., 16 de noviembre del 2020.- Como en cada controversia, siempre hay dos versiones de los sucesos. Lo que la lógica y la justicia elementales obligan es a analizar ambas para poder emitir un criterio con bases. Eso es lo que hace un buen juzgador y es la labor honesta obligada para un medio de comunicación.

Esta pesadilla para la familia de Fernando R.M. inició en febrero de 2020 cuando fue detenido y vinculado con el asesinato del hijo de Gerardo Sosa Castelán, hoy preso, acusado por delitos financieros y lavado de dinero, lo que motivó que publicaran un texto abierto que a continuación reproducimos.

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

El pasado 23 de Febrero en Pachuca, Fernando R. M. fue detenido injustamente por elementos de la Policía Investigadora del Estado de Hidalgo. Acusado de un crimen que no cometió, fue presentado como el presunto agresor de Gerardo Sosa Cravioto; cuyo homicidio ocurrió el 23 de Febrero de 2019, exactamente un año antes de la detención. Cabe mencionar, que el hoy occiso fue hijo de Gerardo Sosa Castelán, Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Fernando R. M. fue arbitrariamente inculpado como presunto responsable del delito de homicidio calificado en el que perdió la vida Gerardo Sosa Cravioto, de quien fuera compañero, amigo y persona de toda su confianza. Juntos trabajaron en la administración del «Rancho Yemila» en Acaxochitlán, Hidalgo.

El Ministerio Público señala a Fernando R. M. de ser culpable de la muerte de Gerardo Sosa Cravioto. En un caso con claras anomalías, violaciones al debido proceso y sin datos de prueba objetivos y razonables que establezcan la probabilidad de que él haya cometido el delito; la juez le ha vinculado a proceso, determinando un periodo de seis meses para que el M.P. lleve a cabo las investigaciones complementarias pertinentes.

Lamentamos la sensible pérdida de Gerardo y coincidimos en que ningún ser humano debiera perder la vida en tales circunstancias, pero de igual manera consideramos que ningún ser humano debiera ser castigado injustamente. La vida de Fernando está siendo sesgada; su reputación, su vida y la de su familia se están viendo afectadas debido a esta terrible situación.

Nuestra intención es hacer del conocimiento público este caso, que a todas luces viola los derechos constitucionales del imputado. Siendo Fernando R. M. un padre amoroso, gran amigo y una persona comprometida con el bienestar de la sociedad.

Exigimos justicia para Fernando R. M. sin violaciones al debido proceso y que se dejen de dañar sus derechos, su imagen y la vida de su familia.

Atte. Erick R. M.

Hermano del imputado.

El jueves de la semana pasada se llevó a cabo una audiencia intermedia dirigida por la juez Janeth Montiel Mendoza en la que la defensa solicitó que se pospusiera la misma debido a la negativa por parte de PGJEH de que el perito ofrecido por la parte acusada tuviera acceso al arma sembrada. Apenas el lunes 9 de noviembre se dio acceso a la misma pero solo a través de la bolsa de evidencia; el día martes 10 de noviembre, la juez autorizó al perito el acceso a la pistola por lo que la audiencia se pospuso para el 23 de noviembre ya teniendo la parte acusada la posibilidad de que su perito emita un dictamen pericial, lo cual los mantenía en un inexplicable, injusto y evidente estado de desventaja e indefensión.

Hoy ante la luz de estos hechos y con una opaca actuación por parte del de la PGJEH que desde un inicio ha obstaculizado sistemáticamente a la defensa, impidiendo el justo acceso a la presentación de pruebas e imponiendo peritajes a modo, se pone en evidencia el contubernio y simulación con quienes mantienen oscuros intereses para incriminar a una persona que de múltiples maneras y con evidencia lucha por demostrar que es inocente. No se puede tolerar la fabricación de culpables bajo ninguna circunstancia.

Lo interesante en todo esto es saber a quién le conviene que Fernando R.M. permanezca en prisión.

¿Qué interés tiene la PGJEH en que continúe esta situación?

¿En qué favorece al gobierno que un inocente pueda estar sufriendo injustamente en la cárcel?

¿Es solo por demostrar que actuaron de manera “pronta y expedita” llevándose entre la patas a toda una familia, sin que les importe su sufrimiento?

¿La familia del ex presidente del patronato del a UAEH, que por cierto conocen muy bien a Fernando R.M. está de acuerdo, conforme y satisfecha de justicia con esta supuesta investigación en la que se hace evidente incluso que le hayan sembrado un arma al hoy imputado?

Y una vez que se demostrara la posible inocencia de Fernando M.R. ¿quién le repondrá todo este tiempo perdido de su vida, quién responderá y compensará por el sufrimiento de sus padres, hermano y amigos? ¿Quién sería entonces el culpable de planear la fabricación de un culpable y quién habría sembrado las pruebas falsas, con qué intención y para beneficiar o encubrir a quién o quiénes?

Esto tiene tintes muy oscuros y mucho habrá de descubrirse al respecto bajo la permanente atención de medios verdaderamente informativos y también de la Opinión Pública.