Ráfagas: PT, oportunismo político
PACHUCA, Hgo., 13 de julio de 2026.- Comienzan las vacaciones de verano y miles de niñas, niños y adolescentes hidalguenses dejan las aulas para regresar a casa. Para la mayoría será un tiempo de descanso, convivencia y juego; para otros, lamentablemente, puede representar la pérdida temporal de uno de los espacios más importantes de protección que existen en su vida cotidiana. La evidencia científica no demuestra que las vacaciones, por sí mismas, provoquen un incremento del abuso sexual infantil. Lo que sí demuestra, con cada vez mayor claridad, es que cuando la escuela cierra disminuyen las posibilidades de detectar, denunciar e interrumpir la violencia.
La Organización Mundial de la Salud advierte que el maltrato y el abuso sexual infantil ocurren, con frecuencia, dentro de relaciones de confianza, cuidado o autoridad, y que la prevención depende de la existencia de redes de protección activas, capaces de identificar señales de alerta y actuar oportunamente (OMS, Child Maltreatment, 2024). En ese sentido, la escuela cumple una función mucho más amplia que la enseñanza: observa, escucha, acompaña y protege.
La evidencia más contundente proviene de los estudios realizados tras el cierre de escuelas durante la pandemia. Investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile analizaron miles de registros nacionales y encontraron que las denuncias por abuso sexual infantil disminuyeron de forma importante durante ese periodo. Su conclusión fue reveladora: la reducción de reportes no significaba necesariamente que hubiera menos violencia, sino que existían menos personas capaces de detectarla. Docentes, orientadores escolares y personal educativo dejaron de tener contacto cotidiano con las niñas y los niños, y con ello desapareció uno de los principales mecanismos de protección (Schools as Safety Nets, Clarke, Larroulet, Pailañir y Quintana, 2022).
Las vacaciones reproducen, en menor escala, parte de ese fenómeno. No generan agresores ni convierten automáticamente los hogares en espacios inseguros. Lo que modifican es el entorno. Muchas madres y padres continúan trabajando y deben dejar a sus hijos bajo el cuidado de otros familiares o conocidos; cambian las rutinas, aumenta el tiempo de convivencia en espacios privados, crece el uso de dispositivos electrónicos sin supervisión y disminuye el contacto con adultos externos que podrían identificar señales de alarma.
En Hidalgo, esta reflexión adquiere una dimensión particular. Nuestro estado concentra una importante población indígena distribuida en regiones como la Huasteca, la Sierra Otomí-Tepehua y el Valle del Mezquital. Sería profundamente equivocado atribuir la violencia a los pueblos originarios o a sus sistemas normativos. Ninguna cultura produce por sí misma el abuso sexual. Lo que diversas investigaciones de UNICEF y ONU Mujeres han documentado es que las niñas y niños indígenas enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad debido a desigualdades históricas: pobreza, barreras lingüísticas, comunidades dispersas, limitado acceso a servicios especializados, dificultades para denunciar y menor presencia institucional. Son estas condiciones estructurales, y no la identidad cultural, las que pueden favorecer el silencio y la impunidad.
A ello se suman factores que la literatura científica reconoce como incrementadores de riesgo: hacinamiento, dependencia económica, aislamiento geográfico, violencia familiar previa, consumo problemático de alcohol y ausencia de redes comunitarias de protección. Ninguno explica por sí solo la violencia sexual; la responsabilidad siempre recae exclusivamente en quien agrede. La propia UNICEF ha señalado que millones de niñas y niños en América Latina viven situaciones de violencia que permanecen invisibles precisamente porque nunca llegan a denunciarse. En México, la ENDIREH 2021 estimó que millones de mujeres sufrieron alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los 15 años, recordándonos que la mayoría de estas agresiones ocurre en entornos conocidos y de confianza, no en escenarios extraños o excepcionales.
Por ello, la protección de la infancia no puede tomar vacaciones.
En Hidalgo se reciben entre 670 y 756 denuncias al año por abuso sexual. Sin embargo, no transparentan cuántas de ellas, son en menores de edad.
Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.