Así no, presidenta
En los últimos días las inundaciones en las principales vías y cortes de circulación son una constante en algunos municipios periurbanos y urbanos de la entidad.
Lo anterior trae a discusión la discrecionalidad de la política pública de infraestructura física, la cual parece ha beneficiado a algunos cuantos/los cuates: de acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se tienen registradas más de 400 empresas para operar obra al interior de la entidad, paradójicamente de acuerdo al Registro Público de la Propiedad en Hidalgo existen más de 1500 empresas creadas en los últimos 4 años para el mismo fin.
Según los expertos, 1 kilómetro de carretera cuesta mucho más (quizás exponencial el adjetivo) de lo que se realiza/ejecuta por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Trasporte (SCyT) Delegación Hidalgo (la cual hoy en día es el refugio de grandes y medianas empresas hidalguenses las cuales buscan tener trabajo).
Peor aún en términos comparativos, San Salvador (referente de lucha agraria/magisterial del Valle del Mezquital) y Pachuca (ciudad capital, de cuño empresarial) muestran diferencias diametrales en la participación fiscal de la entidad; es decir, Pachuca aporta 86 y 83 centavos de cada peso que se genera por ingresos derivado de realización de obra pública e ingresos por entrega de bienes o servicios empresariales respectivamente.; en contraste San Salvador para ambos apartados aporta menos del 1 por ciento.
Aunque la definición del desarrollo económico y/o bienestar social se explica por la obra pública (infraestructura física), la operatividad electoral/estructura política/clientelar es el principal activo en nuestra entidad.