El poder del miedo

En memoria de Francisco Garfias

PACHUCA, Hgo., 12 de octubre de 2026.- En todo régimen de autoridad el miedo juega parte relevante. En un sistema democrático, que ofrece certeza de derechos y una justicia confiable, el miedo es un recurso de control frente a quien quebranta la ley; su presencia es de la mayor importancia porque inhibe conductas antisociales. Quien transgreda entiende que habrá consecuencias. 

Situación diferente el miedo de un régimen autoritario. La acción represiva del Estado no se desprende del régimen legal, sino de la discrecionalidad de la autoridad. No es la certeza de derechos, sino la arbitrariedad. El miedo tiene un efecto exponencial porque no es la ley, no es la norma escrita la que define qué está prohibido y permitido, sino la decisión de quién tiene la capacidad para sancionar, situación que se reafirma por la inexistencia de un régimen de justicia confiable.

El miedo en el régimen autoritario tiene su economía; es arbitrario en el sentido de que es discrecional, pero se ejerce, casi siempre, con un sentido demostrativo con el propósito de reafirmar el sistema de autoridad. Su correcta administración abre espacio no sólo a la obediencia, también al consenso, es decir, la adhesión social al régimen. Autoritarismo no está reñido con aceptación, de hecho los gobernantes con mayor acuerdo suelen ser, casi siempre, los menos avenidos a las reglas del juego democrático.

El régimen obradorista siempre ha requerido del miedo. La prédica moral no sólo tiene que ver con postular lo deseable, esto es, no mentir, no robar, no traicionar; también con la recriminación al enemigo, quien es etiquetado como conservador, corrupto y hasta traidor a la patria. En tal empeño reprender la libertad de expresión ha jugado un objetivo central a lo largo de estos 8 años de obradorismo; con tonos y formas diferentes, pero la embestida contra el periodismo independiente no ha cambiado; en estos dos años es más ostensible el uso de la justicia electoral y disposiciones reglamentarias o legales bajo el pretexto de defensa de las audiencias o la protección de los derechos de autor. Queda claro que los nuevos términos de represión a la libertad de expresión el miedo juega un factor central; no se trata sólo de castigar, sino que la persona, el medio o la empresa se inhiban de ejercer la libertad a manera de evitar una posible sanción. Queda claro que la autocensura ha ganado terreno como nunca.

Hay una diferencia notable del gobierno de López Obrador, respecto al de ahora. Antes la embestida contra el periodismo independiente venía directamente del presidente y casi siempre quedaba en eso, el insulto y la descalificación, pocas veces, que las hubo, escalaba a actos de gobierno. Ahora, la presidenta también se refiere de manera negativa a los medios y periodistas independientes, pero no es tan frecuente y pocas veces ha sido tan frontal como su antecesor; sin embargo, en la estructura de autoridad sí ha permeado. Los gobernadores cada vez son más propensos a la represión. 

Capítulo aparte merece la justicia electoral con la amañada salvaguarda de la figura de la violencia política de género, dirigida no sólo como recurso de castigo e intimidación a los medios convencionales y a quienes allí colaboran, también a los del espectro digital y hasta a ciudadanos.  

En este mismo tenor el país ha sido testigo de un hecho inédito represión ejemplar en la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial al someter a proceso sancionador a la ex jueza Martha Magaña quien, en ocasión de la reforma del Poder Judicial, concedió la suspensión provisional del acto de autoridad reclamado (la discusión de la iniciativa por el Poder Legislativo), determinación judicial no acatada por la Cámara de Diputados. El proceso sancionador no procede porque la juez actuó en el marco de sus atribuciones; que la resolución judicial (ignorada) no haya sido de la satisfacción del régimen político no da lugar a la sanción del juzgador en virtud de la independencia que la función jurisdiccional entraña. Sin embargo, el tema no sólo es la funcionaria señalada, por cierto, de conducta ejemplar; lo que pretende la autoridad a través del cuestionable Tribunal de Disciplina es establecer un precedente a partir del miedo, dirigido a todos los jueces por sus sentencias y actos judiciales que contravengan el interés del régimen político.

Conforme aumentan los problemas y el descontento con el régimen obradorista crece la necesidad de mantener control por la vía de la represión; el miedo es su mejor y más eficaz presentación. 

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.