García Luna y la “soberanía de la impunidad”

Seamos claros. En México el índice de impunidad es del 99 por ciento. Es decir, de 100 delitos que se cometen en el país, sólo 1 se castiga. Al medir 69 países, nuestro país ocupa el lugar 60, lo que nos dice que nuestro sistema judicial, en su conjunto, está entre los más ineficientes en la orquesta de las naciones, y sobre todo, el divorcio con la sociedad, que deberían proteger y su búsqueda por la justicia, es abismal.

Y como no vamos a padecer esta situación si tomamos en cuenta que vivimos inmersos en un sistema corrupto, donde el dinero mueve montañas y voluntades de los juzgadores, los cuales deberían ser ejemplo de integridad e incorruptibilidad.

Hace algunos meses, en Morelos el Tribunal Superior de Justicia del estado, dejó en libertad a 51 personas procesadas por el delito de secuestro, fueron liberados por jueces del Poder Judicial en el estado.

También ha trascendido que el Mochomo, otro criminal, obtuvo su libertad por dos millones de dólares que se repartirían al menos tres funcionarios adscritos al juzgado segundo de distrito en materia penal con sede en Toluca.

Igual no son pocos los presos por el caso de Ayotzinapa que han sido liberados, unos por irregularidades en el caso, ya que claramente se inventaron delitos, pero otros seguramente pertenecían a bandas que pudieron comprar su libertad o influir como sólo lo saben hacer los criminales.

Todo estos son ejemplos locales, que escalan hasta convertirse en vergüenzas mundiales. Volvamos a nuestro ejercicio de honestidad, el Chapo paga su condena en Estados Unidos porque aquí encontraba las rendijas del sistema judicial para escapar de cuanta prisión le pusieran, lo cual no puede pasar en Estados Unidos.

Así es como llegamos a la situación actual, y es que dos semanas después de que el Gobierno de nuestro país rescatara al General Cienfuegos de la justicia Norteamericana, nos enteramos que la FGR está solicitando al Gobierno de Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna.

Es preocupante que la Fiscalía busque la extradición sabiendo que México carga en su espalda y en las estadísticas una infinidad de casos de impunidad; como ya lo mencionamos tenemos las fugas del “Chapo”, la evasión de la justicia de su hijo y la más reciente historia que pareciera que fue vivida en el régimen del “viejo PRI”, cuando el General Cienfuegos fue liberado y arropado por el Gobierno bajo el cínico discursos de la “justicia Mexicana”, cuyo único resultado fue que hoy el General se encuentra tranquilo durmiendo en casa.

Hasta hoy el mejor sistema judicial con el que cuenta el Presidente López Obrador es sin duda el de Estados Unidos, ellos sí han podido someter bajo el dictamen de la ley a varios delincuentes, así que la petición de extradición a García Luna más allá de una defensa de la autonomía, más bien parece demasiado arriesgado, tomando en cuenta que en este país, sólo se juzga si la opinión pública lo valida.

Recordemos que estamos en un régimen que se congratula por tener razón en cuanto a la raíz política de los problemas, lo acaba de mencionar el presidente, le dio un gusto enorme reflexionar que el PRI y el PAN son lo mismo, por los anuncios de sus alianzas electorales, habiendo miles de pendientes, es esto lo que le merece y llama la atención.

Así que, ¿para qué queremos a García Luna de regreso? A todas luces es mucho más valioso que lo juzgue Estados Unidos, quizá ahí sí pueda dar información realmente importante, no sólo la que quiera escuchar el presidente.

Y debemos tomar en cuenta que Estados Unidos sí tiene una agenda mucho más ambiciosa, como dato acaba de declarar como el criminal más buscado a Caro Quintero, un narco terrorista histórico, quien por ciento se le vincula con el ataque a mi familia en La Mora, por sus relaciones con la Línea, y con “El 32” quien fue recientemente vinculado a proceso. Creo que si desentrañamos esta relación nos va a decir mucho de como este fenómeno del crimen se ha vuelto binacional, y quizá venga implícito el antídoto.

No sabemos y quizá nunca sabremos las intenciones detrás de la acción del gobierno mexicano en el caso de Cienfuegos y ahora de García Luna, lo que es innegable es que la historia hasta el día de hoy nos ha mostrado que por incapacidad o contubernio la justicia nunca llega. Si el fin es la justicia, no hay razón para que no se aplique en el país donde las complicidades son menos profundas; debemos dejar de caer en el discurso de la “soberanía de la justicia” que en los hechos más bien pareciera que defiende la “soberanía de la impunidad”.