Miscelánea, salud y política / La Corte al rescate constitucional

«El que no sabe respetar las ideas de los demás tiene un pobre futuro y un triste vivir»: Pablo González Casanova

Sale a la luz que la revolución pacífica, mejor descrita como involución artera, que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo promover con su llamada Cuarta Transformación (4T) con el respaldo de legisladores morenistas y el bloque oficioso ha recibido un fuerte descalabro en beneficio de nuestro régimen democrático donde el gobierno  cumpla con preservar el estado de derecho y  las garantías individuales y sociales

La buena noticia es que se cae la pretensión de imponer la militarización de la seguridad pública, ya que por resolución de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con votación de ocho a favor y tres en contra, del martes 18 de abril, se revierte por inconstitucional la ambición presidencial de militarizar la Guardia Nacional (GN) y se ordena que la operación y administración de este cuerpo policiaco a cargo de la seguridad pública federal regrese de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Es loable y de destacarse que en estos tiempos de enorme asedio al régimen de libertades que hemos conquistado con muchos sacrificios a lo largo del último siglo surjan ministros en el poder judicial que dignifican su investidura y protejan el régimen constitucional por encima de los constantes amagos presidenciales, mismos que se convirtieron en estallido de furia al conocer la resolución.

Un López Obrador iracundo acusó a los ocho ministros de la SCJN que votaron a favor de la resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de «despojarse de sus disfraces» y actuar de manera “facciosa» al servicio de las cúpulas del poder y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, «al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad».

Esa cantaleta que alude a García Luna, enjuiciado y declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, es repetida constantemente por el mandatario en lugar de argumentos alusivos al tema, para justificar sus exabruptos frente a quien no piensa o actúa conforme a sus caprichos y es parte del adoctrinamiento a su feligresía electoral. Aplica el método de los dictadores latinoamericanos de izquierda de repetir una sentencia –juicio personal– como artículo de fe. Lo hicieron Castro y Chávez en su momento.

Por mayoría de nueve votos contra dos, la Corte también quitó a la SEDENA la facultad para proponer al presidente candidatos para nombrar al titular comandante de la Guardia Nacional, ya que «esta facultad vulnera la adscripción de la corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y pone en tela de juicio el carácter civil de la institución».

Sin embargo, pese al fallo de la SCJN, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, en franca rebeldía, informó que la Guardia Nacional mantendrá un mando militar pues instruyó a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de SSPC que, «por su desempeño», y para no afectar la buena marcha de la institución, se mantenga como comandante de la GN al general en retiro David Córdova Campos. ¿Acatará la sentencia?

Para cumplirla será necesario realizar una titánica tarea que incluya un programa de transferencia de la Guardia Nacional a la SSPC, y a la par realizar una reprogramación de los elementos para dejar atrás su formación militar y que puedan actuar como corresponde a una policía civil a cargo de la seguridad pública con respeto a los derechos ciudadanos, y no se incremente más el número de víctimas inocentes por daños colaterales, como ha venido ocurriendo

El presidente llamó a quitarse los disfraces y él se despojó del que usó como demócrata para llegar al poder en 2018. Sus seguidores en la Corte hicieron lo mismo, los ministros Arturo Saldívar, expresidente de la SCJN y la ministra Yazmín Esquivel, presunta plagiaria de su tesis de licenciatura,  ambos exhibieron penosamente su plena subordinación a los criterios del Ejecutivo.

Se abrió un nuevo capítulo que enmarcará el último año y medio de su gobierno, periodo en el que aspira podrá retomar su fuerza electoral para obtener las tres cuartas partes de miembros del próximo Congreso (2024-2026), para volver a mandar, según él, una iniciativa constitucional «preferente» para conseguir su ansiado propósito de militarizar la Guardia Nacional antes de que concluya su mandato.

Otra vez, nuestro jefe de Estado pierde la noción de la realidad, acaso cree que podrá revertir el tiempo de declinación natural de su sexenio o más grave aún quiere usar de forma ilegal e ilegítima toda la fuerza del gobierno y el apoyo militar para mantenerse en el poder en 2024, no mediante la reelección sino a través de alguna de sus «corcholatas» en la presidencia e impulsando mayoría oficialista en la elección de legisladores.

Para ello debe estar dispuesto a violar las leyes constitucionales y electorales, hacer alianzas inconfesables y, desde Palacio Nacional consumar una campaña proselitista a favor de Morena, como lo hizo en las elecciones intermedias del 2021.

Sus intenciones son obvias, pero los ciudadanos debemos mantenernos alerta para protestar en su momento: hemos transitado ya un largo camino de un gobierno que ha desencantado a muchos de sus antiguos seguidores por su falta de congruencia: antes fue opositor férreo a la militarización, hoy ha militarizado a la administración pública dejándolos a cargo de las  principales obras e instituciones del gobierno (AIFA, Tren Maya, AICM, Aduanas, Birmex, etc.).

México se mantiene entre los países del mundo con alto índice de percepción de corrupción (En 2022, por tercer año ocupó la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional), pero AMLO pese a haber llegado al poder con la bandera anticorrupción, dejó inoperante al INAI hace 19 días.

El Senado es corresponsable de secundar esa determinación del poder Ejecutivo para inhabilitar a la institución a cargo de darle transparencia al manejo de los recursos públicos y proteger datos personales lo que, sin duda, favorece a la corrupción y propicia la indefensión ciudadana frente a actos de abuso de poder.

Recientemente, luego de pregonar un gobierno con austeridad republicana, saltó a la luz pública el caso del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González y su familia vacacionando a todo lujo en el extranjero con costo al erario público. El mandatario dijo: ¿Cuál es el problema?”. Claro, los culpables son los mensajeros –los periodistas– que buscan desacreditar a su prístino gobierno.

Otra presunta acción de encubrimiento está en la decisión de reservar por cinco años la información sobre espionaje –operado con Pegasus– a periodistas críticos y líderes opositores por parte de un Centro Militar de Inteligencia creado y operando durante el actual gobierno según investigaciones periodísticas, y ratificado en documentos difundidos por Guacamaya Leaks. Ante las evidencias, el Ejecutivo tuvo que aceptarlo, pero precisó: el Ejército no espía sino realiza actividades de inteligencia.

Arremetió López Obrador contra el espionaje, sí, pero el de DEA en México, por violar la soberanía nacional, lo que es inadmisible, pero su enojo quizá se deba a que esta investigación puso de relieve que el fentanilo que consumen estadunidenses con resultados nefastos y funestos para la salud pública de aquel país es producido por los «Chapitos» en Baja California y Sinaloa, y él lo había negado, pese a los operativos militares para desmantelar laboratorios.

Critica al INAI y a sus consejeros porque cuestan mil millones de pesos anuales, pero gracias a su operación. por ejemplo, se demostró que se hizo un fraude en Segalmex por 15 mil millones de pesos durante la actual administración. De ser el INAI un «cero a la izquierda» como López Obrador lo descalifica no se conocerían esta y otras malversaciones de servidores públicos. Por cierto, aún no hay castigo para los mandos responsables ni resarcimiento a las arcas públicas.

Esperemos que el poder Judicial siga defendiendo con valentía el cumplimento de la Constitución y de las leyes en general, acote el presidencialismo autoritario y desbordante que nos agobia y restaure los derechos de los ciudadanos y el orden institucional.

***Lamento profundamente el fallecimiento de don Pablo González Casanova, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (1970-1972) y exdirector de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas (1956-1965), quien hizo aportaciones valiosas para engrandecer a la nación, su destacado y laureado trabajo académico fue a favor de la educación, la democracia y una sociedad diversa y plural, que en paz descanse.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.