Para Contar / Periodismo y Justicia (II de II)

El proceso penal estaba cerrado, la resolución a favor había quedado firme, dos resoluciones de inocencia, la que los abogados llaman primigenia, del Juzgado Primero de procesos penales en la Ciudad de México y la confirmación del Quinto Tribunal Unitario, sin que la contraparte hubiera apelado o inconformado, a pesar de que fue notificada personalmente.

Cosa juzgada.

No apeló en el plazo establecido y mucho menos se pronunció en contra de los juzgadores, no pidió que los lincharan o fueran despedidos, nada que pusiera en duda la imparcialidad del juez ni magistrada. Cero escándalos, en contraste con lo que ocurre regularmente.

Juez y magistrada, por supuesto habían juzgado con perspectiva de género. Ninguno, a riesgo de perder su trabajo o algo peor, hubiera ignorado dicho criterio.

Tan estaba concluido el caso que la fianza depositada por el acusado en un primer momento, para poder recuperar la libertad y dar la batalla legal en estas condiciones, le fue devuelta de inmediato.

¿Qué pasó? ¿Por qué se reabrió el caso? ¿Sorprendieron la buena fe de las autoridades?

Algo raro había sucedido, no se había respetado el principio de definitividad y a destiempo el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió un juicio de amparo, un documento carente de argumentos válidos, simple “machote” para justificar lo injustificable. Ahí está el documento en el expediente para quien lo ponga en duda.

El mismo tribunal colegiado, tres meses antes de admitir dicho recurso, por unanimidad había aprobado el criterio de que no era posible aceptar inconformidad cuando el proceso fuera cosa juzgada, sobre todo porque la apelación no se hubiera hecho en el tiempo establecido para ello.

Al tribunal no le importó su propio criterio, ni respetar el principio de definitividad ni reabrir proceso concluido. Lo reabrió con el pretexto de que se tenía que juzgar con perspectiva de género, como si los anteriores juzgadores, los que resolvieron inocencia, lo hubieran ignorado. El hecho es que se reabrió y revirtió el proceso contra el periodista.

¿Qué pasó? ¿Hubo mano negra? ¿Acción indebida? ¿Presiones?

De acuerdo con investigación periodística, fue presionado el magistrado Jorge Fermín Rivera, ponente del caso y presidente del Séptimo Tribunal Colegiado. Cedió a cambio de que lo “ayudaran” a jubilarse.

Había sido sorprendida la buena fe del ombudsman Luis González Placencia y mandó a una de sus funcionarias (la tercera visitadora que semanas después discretamente dejaría la CNDH) a realizar gestiones en el tribunal para que se reabriera el caso.

En los días posteriores el magistrado Jorge Fermín Rivera concluyó su etapa como magistrado, logró su jubilación.

La parte afectada por casualidades del destino se topó con el ombudsman en una funeraria de Félix Cuevas. Le reclamó lo que había hecho. El funcionario no encontró palabras para explicar lo ocurrido. Raúl Hernández, quien entonces laboraba en el área de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue testigo del acto.

El proceso se significa por graves contradicciones, historias aberrantes. Cada vez que declaraba la parte acusadora alteraba y magnificaba sus declaraciones, como cuando afirmó que la pulsera de plástico se la prestó a su compañero y que la rompió de manera accidental. Luego cambió la versión para asegurar que se rompió producto de forcejeo entre ambos.

Llegó a dar tres versiones distintas sobre las partes de la pierna que había sido tocada y la autoridad las aceptó como si fueran iguales. Hay relatos de imposible realización, admitidos sin ninguna prueba y ocurridos en lugares públicos como el restaurante Sanborns. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, nunca se cumplieron en los dichos.

El colmo es que el juzgador llegó a considerar el beso en la mejilla como abuso sexual; estuvo a punto de sentar precedente mundial, porque se trata de una costumbre ancestral que todavía se practica en muchos países.

Son actos que valoró el Séptimo Tribunal Colegiado del que eran integrantes los magistrados Jorge Fermín Rivera (jubilado) y Lilia Mónica López Benítez, ahora consejera.

Hay un efecto corruptor en todo el proceso penal y por eso la petición para que el caso sea atraído y revisado por la Corte.

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