En un hecho sin precedente en Hidalgo por su magnitud, la tarde del viernes 11 de septiembre, en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, fueron atacadas de manera violenta las instalaciones del semanario “Grito Informativo”, periódico local donde un grupo de pobladores golpeó a los reporteros, saqueó el equipo, quemó parte de las oficinas e incendió dos motocicletas propiedad del medio de comunicación, además de graffitear la fachada, según lo denunció su director Ricardo Dewey Cortés; hubo dos personas lesionadas por arma de fuego.

Una agresión contra un impreso hidalguense, no se veía desde el 18 de mayo de 1986 cuando se causaron destrozos en lo que fue el diario Nuevo Día; en esa época también sufrió un ataque el semanario Nuevo Gráfico. Pero más allá de los daños causados en “Grito Informativo”, la gravedad del hecho radica en que existen evidencias de sobra para asegurar que los hechos fueron instigados por la diputada local Jajaira Aceves Calva, con quien Ricardo Dewey ha mantenido un choque público por las críticas y cuestionamientos a la legisladora y las diferencias de opinión sobre su desempeño.

Algunos de los agresores han sido plenamente identificados con nombre y apellido y se les ubica como parte del grupo de incondicionales de Jajaira Aceves, que en vez de ejercer su derecho de Réplica que le concede la Constitución, se valió de las redes sociales para alentar la animadversión contra “Grito Informativo”, con un argumento tan absurdo como errado, como lo es el acusar “violencia política de género”, pues esta conducta está orientada a menoscabar o anular los derechos político-electorales de alguien y ella no es candidata a nada.

Por los motivos que sean, instigar a alguien a cobrar venganza por uno, es de cobardes; Y alentar la violencia desde la comodidad e impunidad que el poder político otorga, resulta criminal, por lo que las autoridades están obligadas a investigar los hechos a fondo, evitar que estos se repitan, sancionar a los responsables sin importar quienes sean y a garantizar el ejercicio de la libre expresión en Hidalgo. Nuestra solidaridad total con “Grito Informativo”.

JUSTICIA PARCIAL…

A poco más de tres años de haber sido denunciado públicamente el desvío de 663 millones de pesos correspondientes a los programas de becas y Escuelas de Tiempo Completo de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, un Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces de control, de juicio oral y de ejecución, condenó al ex-subsecretario de Finanzas y Administración de la SEPH, Pablo Pérez Martínez, a 10 años y 3 meses de prisión y a una reparación de daño por más de 68 millones de pesos, al resolverse el JO-90/2019.

Suerte similar corrió en agosto del 2019, el ex-director de Finanzas, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, 10 años y 3 meses de prisión, más una reparación de daño por 126 millones 861 mil pesos, por el desvío de los recursos correspondientes al pago del Impuesto Sobre la Renta; pero el hecho de que se haya condenado a estos dos, no significa que se haya hecho justicia; para Pablo Pérez aun quedan pendientes dos causas penales más y paralelamente el seguimiento de una carpeta de investigación.

Si las cosas se quedaran como están, Pérez Martínez obtendría su libertad en 8 años 9 meses, pues fue aprehendido el noviembre del 2018; pero falta por resolverse la causa 355/2016 por el desvío de 126.8 millones de pesos y la 362/2018 por 491.3 mdp, dinero que se sacaba de la SEPH en cajas de archivo muerto y camionetas de valores. Pero no se olviden de que el año pasado fueron robados documentos del expediente penal, previo al enjuiciamiento, lo que dio origen a la carpeta de investigación CI-12-2019-14847 ¿acaso de ese robo no hay responsables?

EXIGEN RENUNCIA…

Quien no tuvo el mejor fin de semana fue el presidente del Partido Acción Nacional en Hidalgo, Cornelio García Villanueva, pues a diferencia de los morenistas que nada más le hacen al teatro pero han tolerado todo tipo de imposiciones y bajezas, los panistas de Tulancingo tomaron este domingo las instalaciones del comité directivo estatal en Pachuca y rechazaron que les impongan como candidato a la presidencia municipal a Juan Carlos Muñoz Saucedo.

Los inconformes exigieron la renuncia de Cornelio García y piden que la candidatura recaiga en el dirigente municipal, Eliseo Lemus Rodríguez, quien –nada más por casualidad- es hermano del presidente del Concejo de Administración Municipal de Tulancingo (en funciones de alcalde), Fernando Lemus Rodríguez.

Apenas hace unos días el ex-alcalde Julio Cesar Soto Márquez renunció a la candidatura por falta de apoyo de los comités estatal y municipal, y ahora se viene este conflicto en el partido, hasta parece que los panistas le están haciendo el favor al candidato de otro instituto político.

LA DENUNCIA EN PACHUCA…

Asunto que vale la pena seguir con atención, es la denuncia penal que ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, se registró con el número único de caso NUC-FEDC/UNIDAD-1/106/2020, que el ex-secretario de Obras Públicas de Pachuca, Eduardo Sánchez Rubio, interpuso por los delitos de abuso de autoridad, cohecho, peculado, negociaciones indebidas y lo que resulte, que involucran a la ex-alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán y funcionarios de la anterior administración.

Entre los señalados destacan el ex-tesorero Julio Daniel Reyes Rivero y el ex-secretario de administración, Luis Constancio Reyes González; pero la situación que denuncia Eduardo Sánchez Rubio, parece haberse extendido fuera del ayuntamiento, pues también se señala al ex-diputado federal Daniel Ludlow Kuri y a Idalia Yarid Santiago Barrera, quien fungía como regidora en el municipio de Tezontepec, que con su salario de asambleísta se daba la gran vida viajando por el mundo; su pasaporte indica visitas a la India, Turquía, Emiratos Árabes y mucho más.

No hay que perder de vista éste trama de corrupción.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.