Radar Político / Reforma con justicia…

@JoelSanRadar

México no puede aspirar a una mejor impartición de justicia, si para ello parte de un acto injusto y erróneo, como la infamia efectuada este fin de semana en el Senado de la República, donde bajo la presidencia del impresentable Gerardo Fernández Noroña e ignorando toda evaluación de idoneidad y méritos, violentando la carrera judicial y pisoteando -una vez más- los derechos laborales de quienes integran el Poder Judicial, se utilizó una tómbola como método de selección de quienes habrán de aparecer en las boletas electorales del primer domingo de junio, cuando se votará para elegir a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mitad de los magistrados y jueces de distrito que laboran en el país.

Por ello cobra mayor relevancia la propuesta de Reforma Judicial presentada en Hidalgo por el gobernador Julio Menchaca Salazar y que ya está en el Congreso del Estado, donde de acuerdo a lo expresado por el mandatario estatal, “será perfectible”, es decir, que no es para que los diputados solo levanten el dedo sin cambiarle una coma como lo hacen los legisladores en el Congreso de la Unión, destacando que en el caso de la entidad se llevará a cabo la elección de jueces y magistrados hasta el 2027, para que sea de manera concurrente con el proceso electoral para diputados locales y presidentes municipales, lo que ahorrará recursos, facilitará la organización y hará fluir los electores hacia las urnas.

Pero lo más importante de la propuesta enviada por el titular del ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones, es que privilegiando la carrera judicial y la trayectoria, los profesionales que aspiren a ser jueces y magistrados, tendrán que cumplir todos los requisitos que actualmente marca la ley, incluyendo los exámenes de selección y conocimientos (nada más para ser candidatos), además de que quienes actualmente ocupan los cargos a elegir, podrán participar en el proceso, a menos que declinen a hacerlo, pero quienes así lo decidan, serán liquidados conforme a la ley, respetando así sus derechos laborales y honrando su trayectoria, lo que es una gran diferencia con lo que se está haciendo en el ámbito federal y que terminará con consecuencias fatales para el país. Si las y los diputados de México, en realidad buscan el bienestar de la nación, la reforma a efectuarse en Hidalgo, bien podría servir como ejemplo, de cómo sí se puede lograr la elección por voto, pero con justicia.

ITAHI, EL SAQUEO…

A unas semanas de que se extinga de manera definitiva el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo, que cesará funciones de manera definitiva al culminar el mes de marzo, una carpeta de investigación cuya integración avanza en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, pone en evidencia el saqueo que algunos de los integrantes del ITAIH llevan a cabo al interior del organismo, con la aparente complicidad de quienes conforman el Comité de Desincorporación de Bienes Muebles.

Se trata de la carpeta 12-2024-12255, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado se inició a partir de la “desaparición” de una computadora Lap Top y una Ipad que estaban asignadas al comisionado Sigifredo Rivera Mercado y cuyo “extravío” se reportó como un “robo” con el aval del mencionado comité, que trató de minimizar la situación calificando el hecho como una pérdida con un valor de poco más de 2 mil pesos, lo que dio pie a dos procedimientos más, uno por parte del Órgano Interno de Control que lo sustentó en la Auditoría a Bienes Muebles y otro más por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), que anotó los faltantes en el informe correspondiente a la cuenta pública del 2023.

El detalle es que no se trata de un asunto que se arregle devolviendo 2 mil pesos, ni 20 mil, pues la pérdida de esos dos equipos de cómputo, solo puso en evidencia otras pérdidas más, que por obvias razones ni se mencionaron en el último informe de labores que la comisionada Mirna Rocío Moncada Mahuem rindió ante el Congreso del Estado, donde -por cierto-, con porras la promueven para un nuevo cargo, toda vez que las funciones del ITAIH serán absorbidas por la Secretaría de la Contraloría, pero aún no se determina si será mediante una subsecretaría o una dirección general que sustituirá el organismo “autónomo” y para la cual y se apuntan algunos de quienes están en la mira por el saqueo que se está investigando. Y aún falta la revisión de los recursos ejercidos en el 2024.

DELINCUENTE CONFESO…

En septiembre del 2021, Tula y otros municipios de la región fueron inundados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que significó la pérdida de todo su patrimonio para miles de tulenses que, al iniciar las labores de limpieza recibieron como apoyo del gobierno municipal cientos de colchones para que no tuvieran que dormir en el piso, pero unos meses después se descubrió que los 743 colchones que les fueron regalados por el entonces presidente municipal Manuel Hernández Badillo, estaban rellenos de basura, desechos, pulgas, chinches, incluso sustancias biológicas, sangre, entre otras.

Por ello a la gente de Tula causó tanta indignación que tras permanecer varios meses en la cárcel bajo proceso por el delito de peculado por más de 62 millones de pesos, dinero desviado a través del esquema de la Estafa Siniestra, Manuel Hernández Badillo haya recuperado su libertad, tras someterse a un procedimiento abreviado, reconocer su culpabilidad y regresar solo 25 millones de lo robado, además de que el tribunal de enjuiciamiento le impuso cuatro años de prisión y una multa de 200 días, lo que para el pueblo tulense constituye una burla y un agravio, sobre todo porque no han quedado claros los criterios que avalen tanta benevolencia por parte del Poder Judicial.

Manuel Hernández está libre pese a ser un delincuente confeso, pues a los cuarto años de prisión, se le restaron los meses que ya llevaba en prisión y se le conmutó la pena por una multa calificada como ridícula por los habitantes del pueblo que gobernó. Es una burla afirman integrantes del ayuntamiento, quienes por cierto cuestionan a dónde irá a parar el poco dinero que regresó el ex-presidente municipal.

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De Refilón: Una muy grave acusación ha surgido al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zempoala, pues elementos de la corporación aseguran que con la nueva administración del alcalde Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo, se han incorporado como mandos policiacos, personajes con antecedentes penales e incluso denunciados como deudores alimentarios, lo que no parece importarle al edil.

Pero afirman que más allá de esta situación, estos personajes incurren en constantes abusos de autoridad, acoso laboral y hostigamiento hacia el personal que tiene la mayor antigüedad, a quienes buscan sacar para incorporar a nuevos elementos con el respaldo del edil. Señalan que la misma situación se da hacia trabajadores del C2 y que están contemplando la posibilidad de un paro de labores.