Radiografía del poder

PACHUCA, Hgo., 4 de marzo de 2026.- Las circunstancias extremas son la mejor prueba para personas, organizaciones y países; desde luego, también para los gobiernos. El país enfrenta desafíos mayores resultado de la convergencia producto lo realizado en el pasado distante, de lo que ocurre ahora en el mundo y de lo que han generado quienes más influyen en el destino de las cosas, más que nadie quienes gobiernan. Al mexicano de a pie solo puede imputársele el sentido de su voto, si es que salió a sufragar.

En México, la crisis de Estado es tan grave que no resulta excesivo cuestionarse si realmente existe. El poder y cierto orden están presentes; sin embargo, la falta de Estado remite a tres expresiones sustantivas difíciles de acreditar: el monopolio legítimo de la violencia, el régimen de legalidad y justicia, y un Estado que ofrezca certeza económica y bienestar a través de educación, salud, cuidado del medio ambiente e infraestructura, entre otros bienes públicos. De todo ello, haber cedido en la legalidad ha tenido mayor efecto en la crisis sistémica del país y en la vigencia plena del Estado.

México no tiene culpa de que en Estados Unidos arribara a la presidencia Donald Trump por segunda vez. En cierta medida, la responsabilidad recae en su antecesor, quien decidió muy tarde no reelegirse, y en votantes que, exasperados por sus condiciones de vida, abrazaron la causa del demagogo populista; entre ellos, jóvenes y parte del llamado voto hispano, hoy claramente arrepentidos. Trump ha sido factor de disrupción del orden internacional, de la política doméstica y, desde luego, de la relación bilateral, que apunta hacia la principal debilidad de México: en amplios territorios del país no hay autoridad, y la corrupción lleva a la connivencia de la política con el crimen organizado. Mientras impere la impunidad, la soberanía nacional quedará expuesta.

El deterioro del país no es responsabilidad exclusiva del grupo en el poder. Mucho tienen que ver los factores de influencia y la oposición institucional. Los primeros se acomodaron al régimen: aplaudidores en público y críticos en privado. Los empresarios carecieron de interlocutores representativos ante el gobierno; las grandes empresas se adaptaron —datos de rentabilidad indican que les fue mejor que nunca—, mientras que los demás quedaron expuestos al mal gobierno, al bajo crecimiento y a una generalizada extorsión, a veces por grupos criminales y, otras, por las propias autoridades. Las empresas de medios también han incumplido. El país nunca vivió casos de corrupción de escala mayor como el contrabando de combustible, consentido desde la más alta oficina y cuyo origen remite al financiamiento de las campañas del partido en el poder. No se advirtió, o no importó, que ese expediente condujera a una corrupción de tales proporciones y a la connivencia de política con criminales.

Se concentra poder como nunca, pero a su vez está fragmentado y condicionado por la realidad y el entorno internacional. El país no crece; las finanzas públicas lo resienten y, con ello, el gasto social, la inversión pública y el mantenimiento de la infraestructura. La deuda se eleva, y la guerra en Medio Oriente puede significar un repunte de la inflación y de la deuda pública. No es culpa del entorno, sino de la decisión presidencial de incrementar el gasto, precisamente en el año electoral, además de tolerar el repunte del contrabando de combustible.

La muerte del líder del principal cártel criminal no constituye un momento terminal de la impunidad; ni siquiera se perfila como punto de inflexión. Es, más bien, una estación de paso en un proceso de deterioro del país ante la incapacidad de las autoridades para enfrentar a los delincuentes más perniciosos. La secuela del aniquilamiento de Nemesio Oseguera demuestra que el tema dejó de ser, desde hace tiempo, un asunto de seguridad pública para convertirse en uno de seguridad nacional que, por lo mismo, requiere una respuesta a la altura.

Privilegiar al régimen político por encima del país y simular que las cosas están bien impide que el Estado haga uso de su fuerza para combatir a los peores enemigos de la nación. Tendrá que venir la presión externa para que las autoridades actúen, una forma más de debilidad e incapacidad para hacer valer la ley y el régimen de justicia nacional. Todo apunta a que los principales criminales serán juzgados y sentenciados en tribunales de Estados Unidos, otra muestra del fracaso del régimen con cargo al país. Las personas preservan el poder del voto, el mejor recurso para sancionar y mejorar.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.