La noche triste del 25 de septiembre de 2014, y la madrugada del 26, el caos se volvió infierno.

Se cumplen seis años de luto por los “43” normalistas de Ayotzinapa. El dolor de sus deudos, cicatriz que marcó al sexenio de Peña Nieto no se alivia. La verdad histórica, heredada a la 4T, nació anémica, sin respuestas, con fosas que albergan miserias políticas.

El gobierno de López Obrador no ha podido desmontar el eje central de la cuestionada indagatoria de la PGR, de Jesús Murillo Karam.

La noche de Iguala mostró el poder del crimen organizado. Policías municipales al servicio de la ley y el narco. La peculiar ruta Iguala-Chicago de autobuses con pasajeros, fachada para el trasiego de heroína, es uno de los factores clave. El famoso quinto camión. La disputa entre los cárteles “Guerreros Unidos” y “Los Rojos” ha sido marco para la masacre y la confusión. Llamadas de larga distancia intervenidas por la DEA de Estados Unidos dan dimensión de los intereses involucrados.

Las familias huérfanas de los “43” no se cansan de clamar castigo para todos los responsables que, siendo muchos, se les hacen pocos. Insisten en que hay militares impunes, cuando en contraste, la destrucción de tesis ministeriales ha liberado a 46 cómplices confesos de la matanza.

La investigación pericial más grande de nuestra historia da vueltas en círculo. Se muerde la cola. Las escasas certezas colapsan. Eso sí, la búsqueda de la verdad ha sido botín de políticos, expertos internacionales, abogados y activistas.

Mientras, el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se ahoga y la justicia escapa.

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