PACHUCA, Hgo., 5 de diciembre de 2018.- Durante la sesión ordinaria de este día los integrantes del grupo legislativo del PRI hicieron uso de la tribuna en el pleno de la lXIV Legislatura para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política del estado de Hidalgo; en favor de la aprobación de un acuerdo económico y para fijar un posicionamiento en torno al inicio del nuevo gobierno federal.

La diputada Mayka Ortega Eguiluz, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero, segundo y tercero del artículo 9 de la Constitución Política del estado de Hidalgo y a su vez, transversalizar la garantía de seguridad y certeza jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,estableciendo en su párrafo primero que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Ortega Eguiluz expuso que debe destacarse, que la reforma federal atiende a la necesidad de fortalecer la oralidad en los procedimientos judiciales, la transparencia y la diligencia que la oralidad brinda al desahogo de la función de dictar resoluciones en los conflictos deque conocen las autoridades judiciales o las autoridades administrativas, lo que sin duda alguna, permitirá que en el estado de Hidalgo, muchos procedimientos mercantiles, familiares y administrativos, sean más ágiles al privilegiarse la oralidad.

La diputada Adela Pérez Espinoza subió en pro del acuerdo económico propuesto por ella, emanado de la comisión Permanente de Igualdad de Género en el que, de manera unánime, se aprobó que a la Titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres a efecto de que en el ámbito de sus facultades legalmente encomendadas, se establezcan las medidas necesarios para fortalecer e impulsar, en coordinación con las instancias municipales de las mujeres en el estado, en donde existe población indígena, los programas necesarios para la difusión delos derechos de las mujeres en su lengua materna.

“Así como de los mecanismos para la prevención y sanción de la violencia en todas sus manifestaciones, programas en el que se incluya a toda la comunidad y autoridades, con la finalidad de poder garantizar en mayor medida, la protección a sus derechos fundamentales de las mujeres, brindado apoyo integral tanto a víctimas como a generadores de violencia”.

El diputado Julio Valera expuso en apoyo al posicionamiento del GLPRI que “a nuestro país se le reconoce por sus instituciones fuertes, sólidas y que garantizan el estado de Derecho en México, no nacimos de la nada ni del desacierto permanente, la administración entrante no puede, ni debe, borrar o minimizar lo que se ha logrado hasta la fecha, un federalismo fuerte, a través de los aciertos políticos institucionales”, destacó.