PACHUCA, Hgo., 26 de junio del 2020.- La representación de Morena en el Congreso de Hidalgo propuso que el delito de violencia familiar se agrave en la entidad, esto al proponer un mínimo de 3 años de prisión hasta llegar a los 7 años a quienes cometan este ilícito.

En sesión virtual de este viernes, la representante por el distrito de Ixmiquilpan y legisladora del grupo parlamentario de Morena, Lucero Ambrosio Cruz presentó la iniciativa para la modificación al artículo 243 Bis del Código Penal para el Estado de Hidalgo, referente al Capitulo IX sobre Violencia Familiar.

“A quién cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se sujetará a tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado para personas agresoras que refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, el que en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión”, resalta el artículo actual.

De este modo, la morenista propone que de un año como mínimo en la condena, esto pase a 3 años de prisión, mientras que el máximo pase de 6 a 7 años en cárcel en la comisión de este delito.

A decir de la diputada local, la importancia de incrementar la pena contra los instigadores de este tipo de hechos delictivos es que la violencia familiar es considerada como un delito de trascendencia social, por lo que es necesario actualizar constantemente este tipo penal de acuerdo con las exigencias reales de la sociedad.

De igual forma sustentó que datos oficiales aseguran que aumentaron las denuncias por violencia familiar en Hidalgo en un 34 por ciento de febrero a marzo, es decir en los tres primeros meses del año se presentaron 719 denuncias por este delito.

La propuesta indica que de aprobarse surtirá efecto al día siguiente de su publicación mientras que precisa que procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de este decreto se seguirán tramitando conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen.