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PACHUCA Hgo., 12 de junio de 2018.- Derivado de los supuestos actos de corrupción en la licitación de contratos de obra pública a constructoras afines al alcalde Raúl Camacho Baños en el municipio de Mineral de la Reforma, debe ser el Órgano de Control Interno de ese ayuntamiento el que realice las investigaciones para observar las presuntas anomalías, manifestó la titular del Poder Legislativo estatal, María Luisa Pérez Perusquía.
Posterior a que en el pleno se hizo el llamado a investigas a fondo estos presuntos actos ilegales por el mandatario municipal, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo refirió sobre dicho tema que el principal observador de estas circunstancias es el órgano municipal contralor, quien es el facultado de observar y estar al pendiente del correcto ejercicio de los recursos público.
“Es la primera instancia que al detectar alguna anomalía hará las observaciones correspondientes y tiene la facultad de presentar las denuncias correspondientes”, puntualizó la diputada local.
Abundó al comentario que la otra instancia es la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), que si bien ésta no fiscaliza de forma completa el ejercicio de los recursos, sí establece los rubros y aspectos a fiscalizar, por lo cual sería propició que se hicieran las indagatorias respecto a los supuestos recursos ejercidos de forma irregular en la asignación de contratos de construcción para empresas con algún tipo de relación con el edil de Mineral de la Reforma.
Previamente, el diputado Jorge Miguel García Vásquez en tribuna subió este tema referente a una publicación de un medio estatal, donde presenta la serie de irregularidades que pueden recaer en conflicto de intereses donde se ejercieron más de 54 millones de pesos para varios obras asignadas de forma directa y no mediante concurso para constructoras cercanas a la figura de Camacho Baños.
En su posicionamiento respecto a la licitación en 12 de 116 proyectos en Mineral de la Reforma, el diputado de Morena solicitó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo que dentro de sus facultades conferidas emplee las investigaciones correspondientes ante un posible daño y anomalía en el manejo de recursos públicos que se exponen en la investigación periodística, en caso de encontrar ilícitos emprenda las acciones legales pertinentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.