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PACHUCA, Hgo., 7 de enero del 2020.- Las diputadas Areli Rubí Miranda Ayala y Jazmín Calva López presentan una nueva iniciativa con la cual buscan que aquellas personas a fin de ser nombrados en cargos dentro del Poder Judicial como actuarios, secretarios de amparos y otros puestos, no tengan antecedentes de violencia familiar, de género o deudores alimenticios.
Durante la primera sesión de la Diputación Permanente del receso del tercer año legislativo, se dio lectura a este proyecto de reforma, que pretende generar cambios artículo 161 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.
Dicha iniciativa a nombre de la legisladora morenista Jazmín Calva y la independiente Areli Rubí Miranda tiene como intención contar con servidores públicos que no sean o puedan ser deudores alimentarios, generadores de violencia tanto en el plano laboral como en el hogar, ya que estos se encuentran al frente de áreas administrativas, donde por su naturaleza se genera una relación de poder.
Abunda que se tiene la intensión de avanzar en la consecución de objetivos para una buena administración y en la aspiración a una probidad en la función pública.
De este modo, se establece en la iniciativa de reforma que los servidores públicos titulares de las Visitaduría Judicial, Contraloría General, Coordinación de área, Dirección de área, Titular de la Unidad de información Pública Gubernamental, Secretarios o Secretarias de Amparo, de Estudio y cuenta o Estudio y Proyecto, Secretarios o Secretarias de Acuerdos, Actuarios o Actuarias, Notificador o Notificadora que formen parte del Poder Judicial, para ser nombrados, además de los requisitos previstos en esta ley, cumplan con los puntos antes referidos.
Estos son no ser deudora o deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, tramite el descuento correspondiente; no estar condenada o condenado por delitos de acoso sexual o abuso sexual y/o delitos de violencia de género.
Así como no estar condenada o condenado por el delito de violencia familiar, esto para poder acceder a los cargos mencionados dentro del Poder Judicial del estado.
Esta forma propuesta forma parte de una serie de iniciativas que se han presentado recientemente en favor de los derechos de las mujeres, así como de niños, niñas y adolescentes con el fin de evitar que accedan a espacios de servicio y representación ciudadana a personajes que vayan contra estos derechos como generadores de violencia en el ámbito público, labora y familiar.