Pese a recorte, INE hará trabajo de excelencia en elección del PJ: Taddei
PACHUCA, Hgo., 8 de noviembre de 2018.- Este jueves se propuso que las reglas de operación de los programas de apoyo sean elaboradas por las dependencias ejecutoras o sus cabezas de sector, a fin de darles el alcance social para el cual fueron pensadas y no solo sean consideradas criterios presupuestales y que la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental promueva la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, en la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales.
Lo anterior, fue un planteamiento para reformar y adicionar el artículo 79 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo realizado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) integrado por los diputados Claudia Lilia Luna Islas, Areli Maya Monsalvo, así como Asael Hernández Cerón.
La iniciativa de reforma a la norma fue realizada por su coordinador de bancada, Asael Hernández Cerón, quien enfatizó que, para que el Congreso local, en el momento de la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado emita un dictamen responsable y con la certeza de que el proyecto está orientado a solucionar la problemática de los hidalguenses, es indispensable que cuente con los informes de resultados de la evaluación desempeño de cada programa social ejecutado.
“También es necesario la obligatoriedad de las dependencias de transparentar en su totalidad la información relativa a los programas de apoyo, tal como padrones de beneficiarios, monto presupuestal asignado, avances financieros, cierre del ejercicio, recursos no ejercidos, evaluación y transparencia y toda aquella información relacionada con ellos”, puntualizó Hernández Cerón.
Abundó que, con esta iniciativa, se reforzaría la articulación entre la facultad que tiene la Cámara de aprobar el presupuesto de egresos y participar en la creación de los instrumentos que permitan verificar el estricto cumplimiento de los objetivos de cada programa. Se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen correspondiente.