PACHUCA, Hgo., a 8 de octubre de 2019.- Activistas de Marea Verde y representantes de grupos Pro Vida acudieron esta tarde a la sesión de la Comisión de Legislación de Puntos Constitucionales; los primeros, para solicitar se dé curso a la discusión de la iniciativa al respecto de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras que el segundo grupo presentó una solicitud de audiencia para exponer sus puntos en contra del mismo proyecto.

No obstante, el tema quedó nuevamente aplazado para alguna sesión próxima que, además, podría ser privada a petición de diputados que han solicitado lo propio con el argumento de una posible confrontación de grupos en pro y en contra del aborto.

En la sesión en la que se sólo se discutió la Ley de Archivos, activistas a favor de la interrupción legal del embarazo urgieron a los legisladores a no aplazar más el tema.

Al respecto, la reconocida activista Renata Turrent, tomó la palabra en el punto de asuntos generales para solicitar a la Comisión se considere analizar la interrupción del embarazo y la maternidad como riesgos sociales, es decir, riesgos y contingencias que afectan la salud, la vida y la capacidad laboral, así como los ingresos económicos para una existencia digna.

Se pronunció por que el estado garantice las condiciones para que las mujeres decidan de forma legal, segura y gratuita por medio de la seguridad social si ser o no madres.

Enseguida, explicó que, de no considerarse lo anterior, se sucederán los abortos clandestinos, los que, explicó, son un riesgo social principalmente para mujeres que se lo practican en condiciones desfavorables, siendo éste, además de un problema de género, uno de clase, ya que en América Latina y el Caribe 4.4 millones de abortos se practican al año, siendo clandestinos 95 por ciento de los mismos.

En el caso de México, citó cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística del 2016, que apuntaron que 9.3 por ciento de las muertes maternas registradas se debieron a complicaciones por interrupción del embarazo.

Además, informó que entre 2007 y 2016, 83 personas se encontraban en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva siendo la mitad mujeres que abortaron y la otra mitad cuerpo médico que practicó la interrupción.

En el caso de la maternidad como riesgo social, expuso que puede considerarse tal debido a que la brecha salarial entre mujeres es mayor cuando se compara a hombres con madres y a mujeres sin hijos con madres.

Cito el bono y la penalización por maternidad como disposiciones que condicionan las percepciones económicas a partir de la maternidad, así como la consecuente evaluación de las madres como “menos competentes” y la asignación de cuidados que ocasiona que las mujeres hagan de lado sus actividades laborales los primeros meses o años de maternidad en detrimento de sus semanas de cotización para el retiro, perpetuando así la desigualdad.

Expuso finalmente que la solución de los problemas en torno a la maternidad y la interrupción del embarazo debe ser pública para dar espacio a todas las mujeres para ejercer sus derechos.

Por su parte, Carmen Rincón Cruz, fundadora de grupo Cíhuatl Mujeres de Pachuca, sobreviviente de muerte materna, y miembro del observatorio de muerte materna a nivel nacional, dijo que es la cuarta ocasión que acude a la sesión y pareciera que “hay una dilación para atender los problemas reales de las mujeres y su acceso a los servicios”, lo que, dijo, podría fomentar una crispación social de forma consciente o inconsciente.

Lo ideal, apuntó, sería que nadie abortara, pero de junio a la fecha el número de muertes maternas por causa de abortos inseguros ha crecido de 9 a 14. “Queramos o no, las mujeres están abortando, están muriendo y se les criminaliza”, sentenció al cuestionar qué es lo que hace falta para dejar de postergar el tema.

En respuesta a las activistas, la presidenta de la comisión, Roxana Montealegre, expuso que el tema está agendado y va a resolver, pero pidió “espacio” para desahogar el orden del día y respetar el procedimiento legislativo, así como para escuchar a todas las voces y no negar el uso de la voz a quienes no están de acuerdo.

Al respecto, anunció que a los grupos contrarios a la ILE se les recibirá en la sesión del próximo jueves, a las 14:00 horas, cuando deberán exponer sus puntos en 45 minutos.

El asunto de la ILE, afirmó, ya está agendado, pero pidió comprensión para permitir el avance de los trabajos, el cual, dijo, es contundente, pero que no se deberá aplazar más allá de lo que el proceso legislativo ordena, pese a ser una iniciativa controvertida.

Pidió tener confianza en que se trata el tema con profesionalismo y que, según el principio de equidad, se escuchará también a la fracción contraria el jueves.

Aclaró, al mismo tiempo, que el tema es de competencia del legislativo y de las instituciones civiles, no así de grupos religiosos, al igual que lamentó que el debate haya sido trasladado a las redes sociales.