PACHUCA, Hgo., a 21 de junio de 2021.- Tras el escándalo de desfalco relacionado con las cuentas de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, el rector que descubrió los malos manejos al interior de la escuela y el equipo que lo apoyó ya no laboran más en la institución, pero quien fue presuntamente responsable del desvío de recursos, Edgar Gerardo Guerrero Barragán, continúa al frente de la Dirección de Administración y Finanzas.

El funcionario, además, cuenta con una denuncia en su contra por el presunto delito de amenazas y lo que resulte, ingresada en noviembre pasado al Ministerio Público, bajo el identificatorio NUC 05-2020-01157, y en la que se le acusa de amenazar de muerte a una mujer que se habría negado a apoyarle en el desfalco.

Según la información vertida en documentales con las que cuenta Quadratín Hidalgo, Ricardo Rodríguez Alarcón fue rector en 2019, cuando descubrió diversas anomalías relacionadas con gastos inflados y papeleo falsificado entregado a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.

El entonces rector, habría notado robos masivos luego de que Guerrero Barragán autorizara pagos a empresas fantasma por elevadas cantidades de dinero, como mantenimiento de impermeabilización cuyos costos no correspondían con el tipo de trabajo, el mismo falsificaba su firma para solventar las auditorías.

Con todo el poder para acceder y pagar desde las cuentas de la Universidad, Guerrero Barragán, presuntamente protegido por altos funcionarios del rGobierno del Estado, se habría coludido con el contralor de la institución logrando protección e impunidad para sí mismo.

A partir de ello, tanto el ahora ex rector que descubrió el desfalco, como personas que trabajaron de manera cercana con él y que se negaron a apoyar el desvío, fueron despedidos, pero también amenazados de muerte por el aún director de Administración y Finanzas.

Con miedo, las familias de quienes dejaron de laborar en la Universidad ahora buscan la manera de huir, ya que, aunque existan las denuncias, el director podría actuar contra ellos sin que exista forma legal de evitarlo, ya que, aún si Gerardo Guerrero es vinculado a proceso, permanecería libre y con toda la facilidad de cumplir sus amenazas.

Además, de diversas formas ha intentado evadir la ley no asistiendo a los llamados de la jueza del caso, que tuvo que determinar que la policía investigadora lo obligara a presentarse para conocer los cargos.