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PACHUCA, Hgo., 7 de febrero de 2026.- En Pachuca, únicamente 70 fraccionamientos cuentan con el estatus de municipalizados dentro del registro oficial del ayuntamiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad.
Esta cifra contrasta con los más de 200 desarrollos habitacionales identificados en la capital del estado, situación que coloca a una parte importante del territorio urbano fuera de los esquemas formales de servicios públicos y administración municipal. El padrón territorial integra un total de 455 asentamientos, universo que incluye 231 colonias y el resto de los fraccionamientos mencionados.
Las colonias no forman parte del proceso de municipalización debido a su origen y características administrativas; por ello, la atención institucional se concentra exclusivamente en los desarrollos habitacionales. El titular de la dependencia, Francisco Lugo Espinosa, explicó que la diferencia entre ambos conceptos permite delimitar el alcance de las acciones municipales.
Al inicio de la gestión actual, se detectaron alrededor de 40 fraccionamientos sin gestión alguna ante la autoridad local; estos contaban con permisos parciales o trámites inconclusos, lo que impide su incorporación legal. No obstante, el funcionario señaló que no existen fraccionamientos sin autorización, sino proyectos con procesos pendientes de administraciones anteriores.
A la fecha, ocho fraccionamientos iniciaron trámites de regularización: Basalto, Altara, Nuevo Conocer, Real Madeira, Rincón del Sur, Valle del Sol Condominios, Monterreal y Rosso. De estos, ninguno cuenta todavía con el acta de municipalización firmada, aunque Rincón del Sur registra el mayor avance tras concluir las revisiones físicas y documentales.
Ante este panorama, el gobierno municipal determinó suspender la emisión de licencias para nuevos fraccionamientos. La decisión responde a la capacidad operativa para atender servicios como agua, recolección de residuos y mantenimiento vial. Esta política urbana prioriza la regularización de desarrollos existentes antes de autorizar expansiones, especialmente hacia la zona sur de la ciudad, donde el crecimiento habitacional presiona la infraestructura pública.