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TULA DE ALLENDE, Hgo., 16 de octubre de 2020.- Dada la situación ocurrida el día de ayer en la planta de Lagunas, Oaxaca, cooperativistas de Cruz Azul emitieron esta mañana un posicionamiento oficial en el que llamaron a las autoridades federales a actuar en contra de quienes, afirman, quieren adueñarse ilegalmente de la Cruz Azul.
Alberto López Morales y Federico Sarabia Pozo, presidentes del Consejo de Vigilancia y el de Administración, respectivamente, expusieron su versión acerca de los violentos hechos ocurridos ayer en Lagunas.
“José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez, bajo artimañas ilegales y mentiras jurídicas, intentaron tomar y apoderarse por asalto y sorpresa de la planta de Lagunas, Oaxaca, para arrebatarla y secuestrarla, lo que generó nuevamente la unión de las mayorías, socios y trabajadores que impidieron la arbitrariedad e injusticia”, anotó Sarabia Pozo.
Refieren que, con lujo de violencia, Marín y Velázquez intentaron engañar a los cooperativistas para entregar las instalaciones e impedir la entrada de trabajadores para entregar la planta que, aseguran es de más de 700 cooperativistas y colaboradores y familias que dependen de la organización.
Los citados personajes, exponen, “no representan a nadie y no son gratos para la organización”, al tiempo que expusieron presuntas irregularidades en los gastos erogados por Marín y Velazques, quienes, “han pagado al despacho Barradas y otros, más de 400 millones de pesos que salen del trabajo de la cooperativa, mientras que Médica Azul, Club Deportivo Social y Cultural y otras empresas filiales de la Cruz Azul colapsan y están a punto de la quiebra financiera, mientras ellos pagaron en menos de un mes cantidades millonarias a jueces y abogados para llevar a cabo intentonas como la de ayer y secuestrar lo que por derecho, trabajo, esfuerzo y años corresponde a los cooperativistas”.
Los integrantes de los consejos expusieron Información del portal del Servicio de Administración Tributaria que, aseguran, es prueba de los desvíos millonarios que Marín y Velázquez han realizado en compañía de unas 60 personas más que “denigran, ensucian y ponen en mal al cooperativismo”.
Por lo anterior, pidieron la urgente intervención de la Secretaría de Hacienda para investigar los gastos desmedidos citados, que, afirman, ya acumulan, en un mes, la mitad de la cifra que los mismos acusaban que se habían realizado a lo largo de 5 años y que motivaron la orden de aprehensión contra G.A.C., quien continúa prófugo.
Igualmente, piden la intervención de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República para investigar a jueces y ministerios que “han pasado por alto los debidos procesos de la ley”, así como invitaron a actuar a la Secretaría del Trabajo federal y “se eviten los abusos que afectan a más de 15 mil trabajadores a nivel nacional.
Instaron a “las autoridades en su más amplia forma para que apoyen en la solución de un conflicto que afectará el patrimonio de miles de familias mexicanas y que ya tuvo hechos de violencia como el de ayer en Oaxaca”.
Dijeron rechazar las acciones de violencia e incitación a la misma y que buscarán líneas y formas para que los actos no se repitan y “paren las acciones de impunidad, y abierta provocación”.
Por último, desmintieron el comunicado de Marín y Álvarez en el que afirman haber recuperado las instalaciones de Lagunas, pues según refieren los cooperativistas, la planta está en funciones plenas a cargo de personas que por años de forma profesional bajo una administración plenamente reconocida.
Calificaron de ilegítimo el consejo presidido por ambos actores y reiteraron que las actuales administraciones en Hidalgo y Oaxaca han sido reconocidas y ratificadas.