VOCES LIBRES: Paisanos; eterna moneda de cambio

PACHUCA, Hgo., 5 de octubre de 2015.- Es importante, tan importante como nunca el electorado hispano y por consiguiente el tema de la discordia entre los irreconciliables integrantes del sistema bipartidista estadounidense. Medios estadounidenses consignan una interesante reflexión, hace 50 años, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, promulgó el “Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965”,  pero jamás se imaginó que ésta, además de cambiar el rostro de ese país,  también desencadenaría la crisis migratoria que todavía hoy mantiene divididos a demócratas y republicanos y no tiene visos de solución. Firmó la ley el 3 de octubre de 1965, aprobada en el marco de la lucha por los derechos civiles en EEUU, y con motivo de su 50 aniversario, expertos de todo el espectro político analizaron esta semana lo bueno, lo malo y lo feo de la legislación, y el impacto en su vida nacional.

La ley conocida también como el “Acta Hart-Celler” es responsable de que los extranjeros totalicen ahora 45 millones, o 14% de la población, que las minorías étnicas y raciales conformen un tercio de la población, y que los blancos vean reducidos sus números e influencia. Antes de 1965, la población era 84% blanca, 11% negra, 4% hispana y 1% asiática. Ahora los  hispanos son el 18% de la población, los asiáticos el 6%, y la cuota de blancos, de ascendencia europea, ha bajado al 62%.

Si no existiese la ley de 1965, los blancos hoy serían el 75% de la población, los negros el 14%, los hispanos, el 8%, y los asiáticos menos del uno por ciento.

Con la ley, el 51% de los extranjeros que han llegado a EEUU en los últimos 50 años provienen de América Latina, y una cuarta parte de Asia, según un informe del Centro de Investigación Pew. La ley, claro está, eliminó un sistema discriminatorio de cuotas nacionales y en su lugar puso otro que privilegió la reunificación familiar e impuso límites arbitrarios de 20,000 visas anuales a todos los países, incluso a los que antes no tenían esas restricciones.

Ahora, la ley ha desatado críticas de grupos progresistas, que exigen una reforma migratoria integral, y grupos conservadores, que piden frenar la inmigración ilegal e incluso restringir las visas legales.

La medida “abolió la discriminación explícita en las leyes de inmigración, pero sentó las bases para la eventual inmigración ilegal de los últimos 50 años”, explicó Hiroshi Motomura, profesor de leyes de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), durante un foro del Instituto de Política Migratoria.

La ley de 1965 causó una mayor apertura de EEUU a extranjeros no blancos y facilitó su integración social, pero dio pie al mundo clandestino actual de once millones de indocumentados. Si antes la inmigración de México y América Latina no tenía restricciones, la ley Hart-Celler les impuso severos límites como concesión a los detractores de la medida. Solo que, sumado a la eliminación del programa “bracero” en 1964, los límites anuales empezaron a alentar la inmigración ilegal, porque las empresas seguían dependiendo de la mano de obra inmigrante.

El problema de la inmigración ilegal se ha colado en la contienda presidencial de 2016: en general, los precandidatos demócratas proponen medidas de legalización para ganar el voto hispano, mientras buena parte de los republicanos receta mano dura contra los indocumentados.

De todas las propuestas republicanas, la más radical es la del odioso empresario, Donald Trump, quien apoya eliminar incluso la ciudadanía automática para hijos nacidos en la unión americana de padres indocumentados, y promete la deportación masiva de los once millones de indocumentados en un plazo de 18 a 24 meses, pero su propuesta tiene un costo prohibitivo y sin garantías de “cerrar el grifo” a la inmigración ilegal.

El Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) calcula que la aplicación de la propuesta costaría al menos $200,000 millones en cinco años, mientras que el conservador “American Action Forum” pone la cifra en hasta $600,000 millones en una década, además de que reduciría el crecimiento económico por $1.6 billones.

Así, el Partido Republicano mantiene pugnas internas entre el sector  “nacionalista” y el empresariado, respecto a qué hacer con los indocumentados, mientras la reforma migratoria sigue siendo una asignatura pendiente en el Congreso y moneda de cambio.