Radar Político: Divididos...

PACHUCA, Hgo., 21 de noviembre de 2016.- El Partido Acción Nacional dio inicio de manera formal al proceso interno para la elección de su dirigencia estatal para el periodo 2016-2018, contienda en la que participan únicamente dos planillas, una encabezada por Asael Hernández Cerón y Amado Cázarez Pérez como candidatos a presidente y secretario general del comité estatal, respectivamente y la segunda por Alfredo Ortega Apendinni y Prisco Manuel Gutiérrez.

Aunque muchos aseguran que hay dados cargados en favor de la reelección de Asael Hernández, quien ex presidente estatal con licencia, en algunas regiones la cargada favorece al “Capi” Ortega, quien ha sido regidor en el Ayuntamiento de Pachuca, presidente del comité municipal en la capital hidalguense y secretario general del comité estatal, por lo que ambos tienen un sólido respaldo y el 18 de diciembre podría ganar cualquiera de los dos.

El haber incluido al ex-diputado local y federal Daniel Ludlow Kuri como integrante de su planilla, le otorga un fuerte impulso a Asael Hernández para la reelección, pues nadie puede negar que el grupo del aspirante al Senado ha demostrado notable fuerza en la zona metropolitana, pero poner como candidato a secretario general a Amado Cázares, lejos de abonarle, le quita, pues el médico fue candidato perdedor a la alcaldía de Cuautepec de Hinojosa y, aunque se supone que no tiene antecedentes penales, en aquella región si se recuerda que tanto él como su hermano Juan Carlos, en mayo del 2012 fueron declarados formalmente presos en el expediente 53/2012-II por el delito de lesiones calificadas.

Se le acusó de haber dado una golpiza a un sexagenario y haberle provocado una discapacidad permanente. Legalmente fue exonerado, pero el manchón ahí quedó y hoy representa un lastre para Asael Hernández que no debió cargar esa culpa. Hernández Cerón tiene ventaja y méritos para reelegirse, pero si llega a perder frente al “Capi” Ortega y Prisco Manuel, en gran parte será por haberle dado el segundo sitio al señor de Cuautepec.

Ayuntamiento quebrado...

Pese a que la administración anterior presumió que entregaría finanzas sanas y un gobierno en marcha y sin problemas, ahora resulta que la Presidencia Municipal de Pachuca está prácticamente quebrada económicamente y sin recursos suficientes para hacer frente a obligaciones de carácter laboral, por lo que se verá obligada a contraer una deuda por 40 millones de pesos para poder terminar el año y completar los 55 millones que debe cubrir por concepto de salarios ay aguinaldos a más tardar el 15 de diciembre.

Sin embargo aunque 40 millones no son mucho para un gobierno como el de Pachuca, llama la atención que la administración del ex-alcalde Eleazar García Sánchez alardeó que dejaría 300 millones en las arcas de la Tesorería, únicamente dejó 110 millones y hasta eso etiquetados ya para obras, gasto corriente y parte del proyecto del rastro TIF.

Ello implica un faltante de 190 millones de pesos que hasta el momento nadie ha sabido explicar y no se sabe si el gobierno de Eleazar García se lo gastó en otras cuestiones o si alguien se benefició de esos recursos; lo que si queda claro es que la administración de Pachuca que preside Yolanda Tellería Beltrán no está en condiciones de pagar a los trabajadores y según ha comenzado a trascender, también se ha suspendido el pago de servicios médicos de los empleados, por la misma razón, no hay dinero.

Inexplicablemente y pese a que cada día se encuentran con más “sorpresas” como esa del faltante de los 190 millones y la necesidad de adquirir una deuda por 40 millones más, el gobierno de Yolanda Tellería se niega a dar a conocer todas las irregularidades que han encontrado en la revisión de la cuenta pública de la administración anterior, ni siquiera se sabe quién está haciendo la auditoría, cuanto se tardará, ni el costo de ésta.

Más irregularidades...

La secretaria de la Contraloría y Transparencia del Gobierno de Hidalgo, Citlalli Jaramillo Ramírez, dio a conocer que aun no culmina el proceso de entrega-recepción de la administración estatal,  por lo que aún podrían detectarse más irregularidades en el manejo de recursos públicos, como lo que hasta ahora se ha hallado en la revisión.

La funcionaria confirmó que en unas dos semanas más podrán conocerse detalles de lo que hasta ahora se ha detectado en  las auditorías, específicamente de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión; también anticipó que algunas de las notarías públicas y muchas de las concesiones de taxi otorgadas por el ex-gobernador José Francisco Olvera Ruiz al final de su gestión, sí serán revocadas.

Pero lo dicho por la secretaria Citlalli Jaramillo podría no salir como pudiera esperarse y hasta podría pensarse que si alguno de los ex-funcionarios incurrió en desfalcos o desvío de recursos públicos, podría quedar en la impunidad, luego de que el Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo hizo público que hubo nepotismo y se registraron conflictos de intereses en la asignación de las auditorías externas.

Los contadores colegiados acusaron que incluso ex-funcionarios como Pablo Pérez Martínez, ex-secretario de finanzas y administración de la SEPH (y que es investigado por irregularidades en la secretaría), fue beneficiado con la entrega de auditorías a despachos contables vinculados a él, por lo que pidieron que se revise la forma en la que se hizo la asignación tanto de años anteriores como del ejercicio 2016.

Gran deuda...

Y tal como ocurrirá en municipios como Mineral de la Reforma y Tlanalapa, también en Atotonilco de Tula habrá denuncias penales en contra de los titulares de la administración anterior.

Y es que de acuerdo al gobierno del alcalde Raúl López Ramírez, la administración del ex-presidente municipal Edgar Reyes Martínez dejó adeudos por unos 40 millones de pesos, cuentas pendientes hasta por telefonía celular y un daño patrimonial al ayuntamiento que se refleja hasta en el parque vehicular, con más de 30 automóviles averiados.

Los integrantes de la nueva administración incluso ofrecieron una conferencia de prensa para revelar lo que ellos califican como irregularidades, pero obviamente si deciden proceder penalmente, quien tendrá que calificar esa situación será la Procuraduría de Justicia.

Twitter: @JoelSanRadar