Defiende diputada Ley de Bienes: “El patrimonio público no está sujeto a intereses particulares”

PACHUCA, Hidalgo, 7 de noviembre de 2026. - “La defensa del patrimonio público no está a discusión. No puede estar sujeta a intereses particulares, simpatías o antipatías”, afirmó la diputada Rosario Guerrero al fijar su posicionamiento público sobre la reforma a la Ley de Bienes del Estado de Hidalgo, mediante la cual se fortalecen las disposiciones aplicables a los contratos de comodato sobre inmuebles estatales.

“Mi responsabilidad como diputada es con el pueblo de Hidalgo. No represento a una fundación, a una asociación civil o a una institución privada. Represento a la ciudadanía y tengo la obligación de defender los bienes que le pertenecen”, sostuvo.

La legisladora precisó cinco puntos frente a las interpretaciones que han circulado sobre los alcances de la reforma y aclaró que no esta reforma aprobada por el Congreso no es contra una agrupación en particular y su construcción comenzó antes del caso de la Fundación Arturo Herrera Cabañas.

“Responde a un problema general, la ausencia de mecanismos uniformes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre los inmuebles entregados en comodato”, dijo la diputada.

“No se legisla para resolver diferencias con personas o instituciones. Se legisla para establecer reglas generales que protejan el interés público”, subrayó.

Agregó que esta reforma tampoco cancela comodatos vigentes, “los contratos ya celebrados conservan su vigencia y sus condiciones. La duración máxima de cuatro años aplica únicamente a las nuevas asignaciones. Afirmar que la reforma implica el retiro inmediato de inmuebles, es una interpretación equivocada”.

Agregó que con esto se establece la obligación de presentar informes anuales de actividades y reportes sobre el estado físico, conservación, mantenimiento y aprovechamiento del inmueble.

“Esto no perjudica a quien cumple. Al contrario: le permite documentar su trabajo, acreditar su aportación a la comunidad y tener elementos objetivos para solicitar una renovación”, explicó.

“Tampoco hay hay facultades arbitrarias, porque la renovación deberá sustentarse en elementos objetivos: cumplimiento de fines sociales, informes, conservación del inmueble y necesidades de la administración pública. Las instituciones que consideren afectados sus derechos podrán acudir a los medios de defensa legalmente procedentes”.

Aclaró que esto solo aplica a particulares, “las nuevas obligaciones están dirigidas expresamente a asociaciones e instituciones privadas que reciben bienes en comodato. No se pretende obstaculizar la colaboración entre dependencias, municipios, poderes del Estado u otros órdenes de gobierno”.

Guerrero reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que promueven la cultura, la educación y la preservación del patrimonio histórico, y dejó claro que defender la reforma no significa estar en contra de ellas.

“Significa que el trabajo social y cultural puede y debe coexistir con la obligación de rendir cuentas. No debemos confundir la defensa legítima de una institución con la pretensión de que el patrimonio público quede al margen de toda evaluación”, afirmó.

Finalmente, sentenció:

“El patrimonio del Estado no pertenece a quienes temporalmente lo administran. Los bienes del pueblo deben seguir sirviendo al pueblo, con reglas claras, legalidad y transparencia”.

“La defensa de lo público no es una concesión política. Es una obligación jurídica frente a la sociedad”.