Foro Público: Rosario Robles, la intocable

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2018.- Una de las mujeres más conocidas del gabinete de Enrique Peña Nieto es Rosario Robles Berlanga, quien en la actual administración ha estado al frente de dos Secretarías de Estado, pero cuyo desempeño ha sido cuestionado por desvío de recursos y diversas irregularidades, aunque la crítica mediática no ha sido suficiente ni siquiera para que el presidente de la República la aleje del gobierno federal.

Aunque Rosario Robles se formó desde la izquierda y su trayectoria política la construyó desde esta corriente ideológica, una vez que Enrique Peña Nieto arribó a Los Pinos fue nombrada como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en un claro alejamiento a la izquierda y en el inicio de una carrera aún más cuestionada.

Cuando Rosario Robles sucedió a Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue criticada por hacerse publicidad personal utilizando recursos públicos para ello, y después cuando dirigió al Partido de la Revolución Democrática (PRD) dejó un endeudamiento millonario en el Sol Azteca, pero esas acciones sólo serían un preámbulo a su actuación como funcionaria federal.

Desde el primer año de Robles en el gobierno de Peña Nieto los señalamientos de la prensa no se hicieron esperar, pues fue acusada de utilizar la Cruzada Nacional Contra el Hambre en 2013 para fines electorales en 14 estados del país, donde se renovarían alcaldías y diputaciones locales para favorecer a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque en ese momento se filtraron algunos audios sobre el uso electoral del programa federal, sólo despidieron a siete funcionarios de la Sedesol y la demanda de juicio político que interpusieron legisladores de oposición no prosperó en un claro contubernio para evitar algún daño a una de las operadoras políticas de Peña Nieto.

Sin embargo, la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad denominada “La Estafa Maestra” reveló que existió un esquema de triangulación en el que se habrían saqueado alrededor de 3 mil 400 millones de pesos entre 2013 y 2014, periodo en el que Robles fue titular de la Sedesol.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó desvíos de mil 311 millones de pesos en la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2014 y 2015, años en los que Robles estuvo a cargo de esas áreas de gobierno y a esa situación se suma la reciente publicación del diario Reforma que reveló que en la Sedesol y la Sedatu se desviaron más de 700 millones de pesos en efectivo a través de diferentes empresas en distintos domicilios, pero a ello sólo recibió una negativa más de la funcionaria federal.

Ante todos los cuestionamientos por irregularidades cometidas en la gestión de Robles al frente de ambas dependencias no ha recibido algún tipo de sanción, ya que ha aseverado que directamente no hay ningún documento que la involucre en los desvíos, pese a que ella ha sido la titular y este tipo de situaciones pudieron evitarse con la actuación adecuada de la propia funcionaria.

Los cuestionamientos hacia la gestión de Robles al frente de dos instituciones parecen ser invisibles para el inquilino de Los Pinos, ya que no ha existido ningún tipo de sanción y por el contrario ha sido cobijada por el mandatario, por lo que surge una pregunta constante sobre este caso ¿Qué favores le debe el presidente Peña Nieto a Robles para permitirle seguir en su gabinete, pese a que su permanencia también debilita la imagen del mandatario?¿Por qué es intocable para el gobierno de Peña Nieto?

Lamentablemente la respuesta no será transparente, pero el futuro no parece ser promisorio para combatir la corrupción, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que Robles es “un chivo expiatorio”, razón por la cual será poco probable que sea investigada en el siguiente gobierno, lo que algunos analistas y periodistas prevén que se trate de un trato de impunidad que no abona a la exigencia ciudadana de combatir la corrupción y la impunidad.

Nota aparte: Los ciudadanos piden investigación a los funcionarios que estén vinculados con actos de corrupción, una demanda latente entre los ciudadanos que votaron el pasado 1 de julio por una postura política distinta, pero que se parece que se esfuma con un discurso del próximo gobierno que lacera los intereses sociales.