CIUDAD DE MÉXICO, 4 de diciembre de 2018.- Ha comenzado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México y el sábado pasado en el primer discurso que pronunció como primer mandatario el impulsor de la llamada “Cuarta Transformación” anunció que no perseguirá a los corruptos, debido a que no alcanzarían las cárceles para enjuiciar a todas las personas que han incurrido en esta práctica, lo que inmediatamente garantiza impunidad a todos los actores políticos que durante años se beneficiaron del erario público y empobrecieron más a los mexicanos.

Una de las demandas más latentes de la ciudadanía fue abatir la corrupción y la impunidad después de los escandalosos casos que se observaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto como la Casa Blanca, Odebrecht, las empresas fantasmas de Javier Duarte, los desfalcos de César Duarte, los piratas de Roberto Borge, la Estafa Maestra, los desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otros, pero que en el discurso de López Obrador se ha abolido cualquier posibilidad de justicia.

El enojo de los ciudadanos hacia el régimen priísta fue la cadena de corrupción que indignó a millones de personas, por lo que muchos votaron por la causa que encabeza López Obrador con la esperanza de un cambio y enjuiciar a los corruptos, pero en su campaña el tabasqueño nunca se comprometió a encarcelar a los responsables de los desfalcos al erario público y en su mensaje como presidente continuó con este discurso que ha indignado a miles que no desean un perdón.

Aunque la idea del nuevo gobierno es comenzar de nuevo y abatir la corrupción, esta promesa es cuestionable si no se busca garantizar justicia a los ciudadanos que han visto políticos de todos los partidos que se han enriquecido durante años a costa del sudor de millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza.

Rosario Robles, criticada por los desvíos tanto en la Sedesol como en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregó sin problemas su cargo y ahora desaparecerá de la escena pública sin ser investigada por las irregularidades millonarias que se detectaron en la administración pública federal.

Así el esquema de impunidad que ha prevalecido en los últimos años parece que continuará, pues regresa flagrantemente Elba Esther Gordillo a recuperar el control del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier Duarte recibió una condena de nueve años por desviar millones de pesos, el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, también podría llevar su proceso en libertad.

A pesar de que no es competencia del Poder Ejecutivo encarcelar a las personas, si existen elementos suficientes—y se han evidenciado por medio del periodismo de investigación—debe seguirse un proceso, pero la naciente Fiscalía General de la República tendrá un titular que no será completamente independiente, siguiendo el mismo problema que tanto se ha criticado con la actual Procuraduría General de la República (PGR) que no actúa conforme a derecho, sino por intereses políticos para satisfacer las necesidades gubernamentales.

La percepción de impunidad y corrupción que se acrecentó en el sexenio de Peña Nieto ahora debe disminuir con un gobierno que llega con la legitimidad más alta que se ha registrado en los últimos años, no obstante, para abatir esta imagen negativa que existe los discursos no serán suficientes, sino también se debe buscar promover un mecanismo para erradicar que las prácticas corruptivas no se cometan desde las más altas esferas públicas.

El periodismo debe seguir realizando su función de develar lo que alguien quiere que permanezca oculto o de lo contrario será cómplice, seguir siendo la voz de quienes no la tienen y ser una contra parte de cualquier poder para garantizar una sana democracia.

Nota aparte: Peña Nieto fue regañado por López Obrador en su discurso inicial, pero en ese mismo momento que fue aplaudido por muchos le garantizó no perseguirlo pese a su muy incompetente actuación gubernamental.