Inseguridad, nueva ola de violencia; debatir la seguridad interior

La nueva ola de violencia llevó al gobierno federal al decreto del 11 de mayo para autorizar la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad publican basados en el Cuatro Transitorio constitucional del decreto de marzo de 2019 de creación de la Guardia Nacional. El funcionamiento del nuevo cuerpo de seguridad ha sido más complejo de lo esperado, en tanto que los grupos delictivos siguen operando inclusive en etapas de alto contagio de la pandemia del coronavirus.

Tres elementos hay que fijar en este tema:

1.- Las reglas de participación de las fuerzas armadas en seguridad son más claras, con reglamentos en cuando a preminencia de tribunales civiles, vigilancia de derechos humanos y ley sobre el uso de la fuerza.

2.- El gobierno del presidente Trump echó a andar, quizá como parte de su estrategia de reelección presidencial, varios operativos contra organismos criminales transnacionales, uno contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y su jefe Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes y otro contra Ovidio Guzmán López, el hijo de El Chapo.

3.- Quienes se oponen al decreto del 11 de mayo no registran el hecho de que se ajusta al Cuatro Transitorio constitucional y tampoco se preocupan por el incumplimiento del Séptimo Transitorio que obliga a las autoridades estatales y municipales a profesionalizar sus policías locales para ir disminuyendo el apoyo federal y la participación de las fuerzas armadas.

Quizá la parte más importante del tema de la seguridad, las fallas, el mantenimiento de las alzas cifras de violencia y los ataques de cárteles con armamento superior al de las policías se localice en el concepto que explica el nivel de inseguridad en México.

En las doctrinas de seguridad se localizan tres tipos específicos: la seguridad pública que tiene que ver con el ciudadano y sus pertenencias, la seguridad interior que abarca la defensa del Estado ante agresiones criminales y la ocupación de zonas territoriales de la soberanía del Estado interrumpiendo el crecimiento económico y la seguridad nacional que defiende a México en las fronteras y el uso de la inseguridad para presiones de potencias extranjeras.

El decreto del 11 de mayo se ubica en la seguridad interior. Las fuerzas armadas apoyan a las fuerzas de seguridad. Se ha dado el caso curioso de que los militares han sido más sensibles en ajustarse a las reglas civiles de la seguridad que las policías a entender el papel de los militares. Las fuerzas armadas tienen oficinas propias de derechos humanos, entrenan a sus efectivos en técnicas de control de fuerza y se han sometido a tribunales civiles en casos de abusos de fuerza.

Las fuerzas armadas están en seguridad en función de la seguridad interior, es decir, cuando los criminales rebasan o compran a funcionarios y policías y ceden espacios territoriales del Estado a los grupos delictivos, así como en situaciones de violencia que excluyen a zonas de la república de la libertad necesaria para el crecimiento económico. Hay grupos delictivos que tomaron pueblos completos, tienen bajo su mando a funcionarios estatales y municipales y rompen las cadenas de producción.

El debate, pues, no es sobre los militares, sino sobre la seguridad interior. Sin los militares persiguiendo bandas delictivas, la república estaría horadada por el control criminal de zonas territoriales. Los militares no están actuando como policías, sino como organismo de seguridad interior.

Ley de la Omertá

En su ensayo La política como vocación, el sociólogo Max Weber, cuyo centenario de su muerte se acaba de celebrar, aporta la que se ha considerado como la definición más exacta del Estado:

“Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio –y el territorio es el elemento distintivo– reclama –con éxito– para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente de “derecho” a la violencia”.

En el contexto de Weber se establece el criterio de que la disputa por el poder tiene dos espacios: la política con sus reglas y la violencia sin reglas. Los grupos delictivos usan la fuerza para ocupar partes territoriales del Estado y el Estado tiene el derecho de usar su fuerza para imponer su fuerza como la violencia legal que permite en funcionamiento de la sociedad.

La inseguridad violenta es una disputa por territorios del Estado, no sólo la exacción de recursos de una sociedad por la vía delictiva. De ahí que el Estado deba de usar toda su fuerza para contener, encarcelar y limpiar zonas territoriales del control criminal como un Estado dentro de otro Estado.

La modernización policiaca, las nuevas reglas de seguridad y el uso de fuerzas armadas son parte de los derechos del Estado para impedir que los criminales se apoderen de zonas del Estado.

Zona Zero

• El arresto de la madre, la esposa y una prima de José Antonio Yépez Ortiz El Marro, jefe del Cartel de Santa Rosa de Lima especializado en huachicoleo, fue una acción del Estado para liquidar una de las organizaciones criminales que por sí y en su guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía altos índices de violencia en Guanajuato.
• Como ya se ha escrito, El Marro, Ovidio Guzmán López y el jefe del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho estaban en la lista prioritaria de la seguridad del país. Por sí mismos, por incapacidad policiaca y por corrupción, esos tres cárteles formaban la cumbre criminal por excelencia. Ovidio y El Mencho están, además, en la lista de los más buscados por la justicia estadunidense y existen ya grupos de inteligencia estadunidense en México fijando posiciones para capturarlos. Los dos irían a los Estados Unidos como extraditables. Pero los dos tienen organizaciones criminales que podrían desatar una fase superior de guerra violenta criminal.

El autor es director del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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@carlosramirezh

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