Radar Político: A ver si es cierto…

PACHUCA, Hgo., 22 de octubre de 2018.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, PGJEH, resolvió solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se dé inicio al Juicio de Procedencia para retirar el fuero constitucional al diputado federal hidalguense Cipriano Charrez Pedraza y, entonces sí, estar en posibilidad de ejercer acción penal en su contra por la muerte de un joven de 21 años, que perdió la vida calcinado, después de que se incendiara su auto a causa del impacto que recibió de la camioneta que presuntamente era conducida por el legislador.

Charrez Pedraza asegura que él no manejaba y menos que lo hiciera en estado de ebriedad como se especuló al principio, pero la PGJEH asegura que tiene los elementos suficientes para presumir que sí era él quien conducía la camioneta que causó el percance, por lo que la dependencia que encabeza el procurador Raúl Arroyo González, deberá acreditar esa situación ante los diputados integrantes de la Sección Instructora, quienes dictaminarán si se le retira el fuero a no y someterán el dictamen ante el pleno, donde se escuchará al Ministerio Público y se respetará el derecho de audiencia de Cipriano.

Los diputados de MORENA se han pronunciado por una investigación imparcial, pero también porque el fuero no sea obstáculo para la justicia; habrá que esperar a ver si es cierto, porque los de ese y otros partidos están acostumbrados a decir una cosa y hacer otra, por lo que no sería nada extraño que los morenistas terminen por protegerlo y garantizarle impunidad.

SERÍA EL PRIMERO…

De ser declarada la procedencia de la acción penal, Cipriano Charrez tendría el vergonzoso “honor” de ser el primer diputado federal hidalguense en ser desaforado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pues no existe antecedente alguno de una situación así.

En cambio en Hidalgo sí hay registro de casos de desafuero, pero en el ámbito local. El caso más reciente es el del ex-alcalde de Tepehuacán, Hilario Mendoza Benito, quien casi mató a golpes a su esposa y estuvo 19 meses en prisión, pero no por violencia familiar, sino por el delito de peculado, por el cual finalmente fue absuelto.

Pero el caso verdaderamente emblemático es el histórico desafuero de 4 presidentes municipales en diciembre del 2005, primera y única vez en la que el Congreso revoca el mandato a cuatro alcaldes en una sola sesión, siendo los ediles Gabriel Hernández Lozano, de La Misión; Felipe Cervantes Cruz, de Pisaflores; Lucio Escudero Pando, de Tianguistengo y José Alfredo San Román Duval, de Huejutla; los que fueron sujetos a proceso por el delito de peculado, aunque San Román Duval que era del PAN, contó con la protección de políticos del PRI, nunca pisó la cárcel y 7 años después volvió como presidente municipal.

Se han registrado otros desafueros como el de Ángel Pérez Rendón, ex-alcalde perredista de Tlaxcoapan, a quien se le acusó por peculado y se le fincó responsabilidad por la agresión a un periodista; otro caso histórico fue el del ex-diputado local por Apan, Sabás Arturo Salinas González, acusado del homicidio de una mesera en el Bar Porkis de Pachuca el 13 de junio de 1987, por el que fue a prisión; después del desafuero y de algunos años de andar prófugo, volvió al servicio público.

¿OTRA ESTAFA?…

El sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, inconforme con el hecho de que el COBAEH destina millones de pesos a la fundación “Calavera”, para que realicen actividades cívicas, de canto, teatro y conferencias, que podría hacer el personal académico, logró que la dependencia que dirige Gloria Edith Palacios Almón, frene el flujo de recursos hacia la asociación civil, que se ha visto beneficiada con muchísimo dinero sin que se justifique.

Mientras en muchos planteles del COBAEH, los estudiantes reciben clases en aulas improvisadas y con muchas carencias, muchos millones se destinan a los proyectos “Calavera” y “Plumas y Huesos”, valiéndose de los recursos, logros, esfuerzos, información oficial, logos y alumnos de la institución, según quedó plasmado en un documento firmado por Gloria Edith Palacios; el secretario general del sindicato y el director de administración y finanzas, Armando Cornejo Vargas, entre otros funcionarios.

Qué intereses o a quién se busca beneficiar otorgando esos millones a la Fundación Calavera, no ha quedado claro, pero alguien muy influyente obtiene así mucho dinero. No hay que olvidar que hoy hace un año, el secretario de Cultura, Olaf Hernández Sánchez, reconoció que a la “asociación civil”, a través de la Secretaría de Finanzas le habían suministrado 10 millones de pesos para que realizaran la Fiesta del Viento. Dinero, mucho dinero que en lugar de ejercerlo el estado, se lo entregan a particulares para que alguien más lo ocupe como si fuera suyo.

BUEN LOGRO…

No hay que cantar victoria porque aún no hay una sentencia en firme, pero por lo pronto ya hay una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que anula el contrato que faculta a la empresa Moviparq para que opere mediante parquímetros 2 mil 500 cajones de estacionamiento en la vía pública de Pachuca, lo que es de celebrarse, porque mucho se insistió en que se trataba de un documento ilegal, leonino y altamente desfavorable para la ciudad capital.

El regidor Nabor Alberto Rojas Mancera, promovió la nulidad del contrato y en una primera instancia el Tribunal Fiscal Administrativo, le dio la razón a Moviparq y al ayuntamiento que defendió intereses particulares y no los de la ciudadanía, pero el revés jurídico que dio el tribunal ahora reconfigurado, confirma que se puede aspirar a que la ciudad ya no siga siendo perjudicada por la operación de los parquímetros, que han resultado ser solo negocio de unos cuantos.

El multimillonario negocio que para Moviparq representa el contrato que le firmaron en su favor el ex-alcalde Eleazar García Sánchez; el ex-síndico Daniel Alvizu y el ex-secretario municipal Hugo Espinosa, se les ha caído y es obvio suponer que tratarán de llevarlo hasta la última instancia para defenderlo, pero las autoridades no deben ser cómplices del saqueo y es de desearse que la anulación quede en firme muy pronto.

Twitter: @JoelSanRadar