Violencia feminicida en el Partido del Trabajo

PACHUCA Hgo., 15 de agosto de 2018.- Por la noche del 13 de agosto, Flor Ibarra caía desde un segundo piso luego de ser privada de su libertad y golpeada en extremo por el dirigente del Partido del Trabajo en el estado de Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios. “Como pude llamé a la policía”, declaró la víctima, quien, gracias a la intervención de las autoridades, logró salvar su vida.

Llegó al hospital con múltiples contusiones y una fractura en la cadera que hizo necesaria la intervención de un médico externo puesto que, en el hospital público donde fue ingresada, el personal se declaró fuera de posibilidades de atender una lesión así.

En tanto, el agresor pasó 48 horas en la cárcel, pero al tiempo, salió libre y de paso, su partido, el PT, declaró que la reclusión de su líder fue motivada por sus “adversarios políticos”.

Ibarra y Aparicio Barrios fueron pareja y la noche de la agresión, ella acudió a recoger a la hija que tienen en común.

Sobre el caso, una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos en Hidalgo, y decenas más de activistas, emitieron un comunicado subrayando la violencia con la cual actuó el dirigente del PT sobre Ibarra, quien también es militante de ese partido político:

“Este señor (Aparicio Barrios) ha utilizado todos los elementos de poder que le ha proporcionado estar al frente del Partido y el acceso a los recursos públicos para violentar a Flor. La finalidad de esta agresión era controlar y someter las decisiones y acciones en la vida política de quien en algún momento fue su pareja. Sin embargo, por actos anteriores y similares, ella decidió salir del espacio donde convivía con el agresor. Los actos de violencia extrema ejercidos en su contra pudieron costarle la vida y pusieron en peligro la seguridad de su hija” (…) “de no intervenir oportunamente las instancias y autoridades pertinentes, el desenlace pudo haber sido fatal”.

No obstante, Aparicio Barrios fue liberado por la mañana del 15 de agosto, pero sujeto a proceso. Por su parte, la coordinadora en Hidalgo del Partido del Trabajo salió a defender en un comunicado de prensa la “honorabilidad” de su dirigente y afirmó que los hechos “fueron deliberadamente tergiversados” por sus “oponentes políticos”, corroborando que, en efecto, este sujeto cuenta con la estructura del PT en su favor. Además, mintió al decir que su líder fue sacado de la cárcel porque no se determinó “violencia psicológica” contra la víctima, cuando a la víctima ni siquiera se la ha realizado el pericial psicológico. Tal boletín fue firmado Máximo Jiménez Ramírez, César Ismael Soto Llaguno, Humberto Pacheco Miralrío, Baldemar Amador Leal, Jorge Alberto Hernández Cortéz y Marisol Villaurutia Perales; cinco hombres y una mujer, amistades del petista.

A la suma de perlas, el PT hidalguense se da el lujo de publicar: “… la lesión que presentó la querellante, fue a consecuencia del cabezazo que ésta le propinó a él, dónde incluso él resultó lesionado, demostrando su inocencia”. O sea que, si la víctima está en el hospital multi-contusionada y con fractura en la cadera, es nada más por su culpa. Pero para que no se corra el riesgo de que se piense algo malo del PT, intenta aclarar al final de su texto: “En virtud de lo anterior, en el Partido del Trabajo sin duda estamos en contra de la violencia de género”. Vaya gesto de congruencia, digno de aplaudir.

Cuestioné al respecto a la ex diputada local Miriam Saldaña, una de las figuras del PT en la Ciudad de México y me dijo: “Esta historia me parece tan monstruosa que, por supuesto, debe ser esclarecida y llevada a tribunales. Aquí nada tiene qué ver un partido político, sólo la justicia”.

En efecto, la historia es monstruosa. Pero el Partido del Trabajo tiene todo qué ver. Primero, porque la violencia feminicida es un asunto político. No en balde el país ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a atender su gravísimo problema de violencia contra las mujeres, a partir del caso “Campo Algodonero”; esto abarca a la totalidad del Estado mexicano, incluídos los partidos políticos que son financiados por el erario.

Segundo, el PT en Hidalgo ha firmado ante organizaciones civiles diversos compromisos en materia de igualdad de género y de atención a la violencia contra las mujeres; paradójicamente, el más reciente de ellos lo firmó la víctima, Flor Ibarra, junto con las candidatas petistas en el marco de las pasadas elecciones federales, ya que ella también es líder regional de ese partido. Además, el PT en su programa de acción afirma “acabar con la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

En tercero, un partido político como el PT, recomendado por tribunales nacionales para revertir su histórica tradición que discrimina a mujeres en su organigrama y no existe ni una de ellas en la toma de decisiones reales de la organización, tiene toda la responsabilidad de hacerse cargo de uno de sus más cruentos y vergonzosos episodios de violencia machista y no pasar por la cobardía que demuestra al salir en la defensa institucional de un procesado por violencia hacia una mujer que, además, es una de sus más destacadas militantes en Hidalgo.

Y cuarto, en un país donde siete mujeres son asesinadas al día, casi siempre por el marido o ex marido; y en una entidad, Hidalgo, que ocupa el noveno lugar nacional de violencia hacia las mujeres, casi toda perpetrada en el hogar, lo que menos le conviene al PT es dejar en impunidad la agresión de su dirigente, cuyos antecedentes –es muy importante subrayar–, la víctima hizo del conocimiento a su coordinadora nacional, dirigida por Alberto Anaya Gutiérrez.

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