Acusan a diputados de detener aprovechamiento energético de plásticos

PACHUCA, Hgo., a 20 de agosto de 2019.- El daño ambiental cuesta a México 70 mil 960 millones de pesos al año, según informó Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación civil México, Comunicación y Ambiente, esta mañana, durante conferencia de prensa en la que se pronunció en contra de una iniciativa de ley que, afirma, pretende detener el aprovechamiento energético de plásticos.

Se refirió a la propuesta de los diputados Víctor Osmind Guerrero Trejo, de Morena, y Areli Rubí Miranda Ayala, del Partido de la Revolución Democrática de reformar el Artículo 162 y adicionar disposiciones a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo a fin de prohibir totalmente la incineración de residuos sólidos urbanos.

Lo anterior, se informó, impactaría a la industria cementera que en Hidalgo trabaja con seis plantas en las que se aplica la tecnología de coprocesamiento, pues cuentan con hornos que producen combustibles derivados de residuos (CDR).

Álvarez Flores convocó a expertos en la materia a fin de defender el aprovechamiento energético de plásticos no reciclables para la producción de cemento, que, dijo, contribuyen de manera importante a la reducción de CO2.

Miguel Ladrón de Guevara, director de CERCAmlg, especialista en combustibles alternos y coprocesamiento de residuos, indicó que la iniciativa de ley compara la incineración con el coprocesamiento, lo cual, dijo, es un error, pues este último implica el uso de los residuos en los hornos cementeros, práctica legal reconocida en el país por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Defendió que este proceso es uno de los mejores al tener la ventaja de poder absorber varios tipos de residuos y consiste en la incorporación de un residuo de un proceso productivo a otro.

Explicó el funcionamiento de los hornos cementeros y dijo que el mismo garantiza la absorción de los componentes que participan en su proceso y no genera ningún tipo de residuo adicional ni cenizas ni emisiones durante el mismo.

Por su parte, Abel Duarte Ortega, especialista en valorización integral y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, expuso que el proceso es económico y, al contrario de generar contaminación, aprovecha los residuos plásticos que no son reciclables y que no deben ser enterrados, además de que su uso para producir calor en las cementeras evita que esta industria dependa de los vaivenes del petróleo, sin contar que la utilización de coque sería más contaminante

Se pronunció por una economía circular destinada a recuperar los suelos áridos en lugar de generar lixiviados y biogás y reconsiderar el valor calorífico de los plásticos que pueden convertirse en combustible alterno como el CDR.

Habló en números al señalar la importancia de la generación de empleos y energéticos a partir de la mal llamada basura.

“Hidalgo produce 2 mil 630 toneladas de basura diarias, debería de cumplir con la norma y pagar no menos de 220 pesos por confinamiento por tonelada, lo que daría 211 millones 189 mil pesos anuales, en 15 años. Para un relleno sanitario, el gobierno tendría que ir al gasto corriente para tirar literalmente a la basura 3 mil 167 millones 835 mil pesos,

“El potencial de reciclado, según composición de la basura, dijo, cuenta 726 toneladas que pueden recuperarse para la industria del reciclado, que considerando el precio más bajo, de 2.80 el kilo de PET, generaríamos 264 mil 850 pesos al día, 741 millones 578 mil 940 pesos anuales y, en un umbral de 15 años, tiramos y negamos empleo y materia prima para la industria por un valor de 11 mil 200 millones de pesos.

Al respecto del CDR, dijo, este corresponde al 30 por ciento de los materiales de un plástico contaminado que no se puede reciclar de forma factible. “Son 789 toneladas al día, de las cuales, puede producirse al año 1 millón 531 mil toneladas de cemento, considerando, con respecto a la emisión de CO2, que contamina más lo que proponen los diputados que la quema al interior del horno de CDR.

“Si lo que quieren evitar es la contaminación ambiental, lo que debe hacerse es desaparecer los rellenos sanitarios, utilizar un método controlado, estabilizar empleos, impuestos y no enterrar un recurso que va a contaminar”, apuntó.

Asimismo, se dio a conocer que la iniciativa, además, se contrapone a los principios y criterios establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos aplicable a los tres niveles de gobierno y establecen un trato diferenciado e injustificado respecto a la operación de la industria cementera en la utilización de combustibles alternos.

Resaltaron también que la propuesta legislativa se toma atribuciones que no son competencia estatal, sino federal y promueve además la prohibición absoluta de la incineración de residuos, que es un fin constitucionalmente inválido, según explicó el abogado ambiental Javier Camarena.

En cuanto a las cementeras hidalguenses, Ladrón de Guevara subrayó que el cumplimiento de las normas respecto a los límites en cuando a emisiones, es mandatorio para la industria cementera y corresponde también a la comunidad hacer grupos para revisar de forma interna la industrias que, en su mayoría, cumplen.

En ese tenor, consideró que la industria cementera hidalguense tiene la capacidad de hacer lo mismo que otras en el mundo, pues conoce los criterios de sustentabilidad del cemento.

Carlos Álvarez, al cierre de la conferencia, señaló que el objetivo de México, comunicación y Ambiente es que los diputados tomen en cuenta el análisis realizado por este grupo de expertos y lo integren a la propuesta de iniciativa de ley.

A pregunta expresa, el presidente de MCA negó a título personal que la alternativa energética para México sea la producción de biocombustibles.

“Los biocombustibles hoy en México no tienen futuro porque el primero que se opone es Pemex y CFE, hablar de biocombustibles es un sinsentido”, finalizó.