Defiende diputada Ley de Bienes: “El patrimonio público no está sujeto a intereses particulares”
PACHUCA, Hgo. – 10 de noviembre de 2026-El Congreso del Estado exhortó a los 84 ayuntamientos para que en sus respectivos proyectos de presupuesto de egresos incluyan una partida presupuestal destinada a cubrir las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial.
El acuerdo económico propuesto por la diputada de Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas, y aprobado por el pleno, refiere la importancia de considerar dichos montos para los daños y perjuicios ocasionados a los particulares con motivo de la actividad administrativa irregular de los entes públicos municipales.
Abunda que el objetivo es fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de responsabilidad patrimonial del estado, garantizar el derecho de los particulares a obtener una indemnización justa y oportuna, así como fomentar una adecuada planeación y administración de los recursos públicos municipales, en observancia de los principios de legalidad, seguridad jurídica y responsabilidad administrativa.
Por otro lado, en sesión ordinaria, los integrantes de la LXVI Legislatura validaron el exhorto hacia la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva y realice mesas de trabajo destinadas al análisis del régimen fiscal aplicable a las sociedades cooperativas y demás organismos del sector social de la economía, particularmente en materia del impuesto especial sobre producción y servicios y de los artículos 194 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Esto porque diversas organizaciones cooperativas expresaron la necesidad de revisar los impactos diferenciados de la política fiscal sobre empresas cuya estructura de propiedad y distribución de beneficios difiere sustancialmente de las sociedades mercantiles tradicionales; toda vez que su finalidad primordial radica en satisfacer las necesidades socioeconómicas de los socios bajo principios de solidaridad, democracia y ayuda mutua.
“En este contexto, distintas organizaciones del sector social hoy enfrentan un entorno fiscal adverso, en el cual la acumulación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el tratamiento tributario de los rendimientos previsto en los artículos 194 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta comprometen la viabilidad financiera de la economía solidaria frente a los grandes corporativos del sector refresquero”.
De ahí que el Congreso local conminó a evaluar el impacto económico y financiero que conlleva la aplicación de este gravamen, los efectos que las condiciones fiscales pueden tener en la generación y conservación del empleo, así como el fortalecimiento de las unidades productivas.